Quieren crear un registro de personas sancionadas por maltrato y crueldad hacia los animales.

Una iniciativa legislativa propone la creación de un registro para personas con resoluciones firmes en sede administrativa o condenas penales vinculadas al maltrato animal.

El proyecto establece además la obligatoriedad de realizar capacitaciones sobre bienestar animal y prevé sanciones administrativas para quienes incumplan con las disposiciones establecidas.

La creación del “Registro Provincial de Personas Sancionadas y condenadas por Maltrato y Crueldad Animal” se propone como una nueva herramienta institucional en Río Negro orientada a prevenir y erradicar la violencia hacia la fauna.

El texto, impulsado por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), responde a la “creciente cantidad de intervenciones judiciales y denuncias por crueldad extrema registradas en distintas localidades rionegrinas”.

Entre sus fundamentos, el proyecto subraya la urgencia de consolidar un cambio de paradigma jurídico y ambiental que deje atrás la visión de los animales como objetos para reconocerlos plenamente como “seres vivos y sintientes”.

Según se detalla en el documento oficial, la conformación de este listado “no persigue fines de exposición pública, estigmatización o escarnio social, sino constituirse como una herramienta administrativa y preventiva destinada a garantizar mecanismos de consulta y actuación responsable” por parte del Estado y de las entidades protectoras.

Las personas inscriptas tendrían que realizar, dentro de un plazo de seis meses, un curso obligatorio de sensibilización en derecho animal dictado por especialistas.

Finalmente, en cuanto a las penalidades por evadir estas disposiciones formativas, la propuesta advierte que el incumplimiento “implicará la pérdida de beneficios impositivos provinciales y/o municipales”.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial actuaría como autoridad de aplicación del registro, trabajando de manera articulada con el Ministerio Público y garantizando en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso de los administrados.

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