Magdalena Odarda volvió a hacer lo que mejor conoce: convertir un problema complejo de la Patagonia en una consigna fácil para las redes sociales.
Ahora habla de “faunicidio”, una palabra fuerte, dramática y perfecta para juntar aplausos entre quienes conocen al guanaco por una fotografía, pero jamás tuvieron que sostener un campo en la estepa rionegrina.
Odarda encontró rápidamente al guanaco.
Lo que todavía no pudo encontrar es al productor de la Línea Sur.
No encontró al hombre o a la mujer que se levanta con temperaturas bajo cero, rompe el hielo para darle agua a los animales, repara kilómetros de alambrado, atraviesa caminos destruidos y sostiene campos golpeados por la sequía, la desertificación, la caída del stock ovino y décadas de abandono estatal.
Para ellos no hubo una palabra.
Ni una propuesta.
Ni una solución.
Solamente otra prohibición.
Porque eso es lo verdaderamente cómodo: prohibir desde Viedma y mandar la factura al interior profundo.
La iniciativa anunciada por el Gobierno provincial no plantea salir a exterminar guanacos ni convertir la Patagonia en un coto de caza. Plantea habilitar un circuito formal para determinadas carnes silvestres, principalmente guanaco y jabalí, con controles sanitarios y reglas de comercialización.
Se puede discutir el proyecto.
Se puede corregir.
Se le deben exigir censos poblacionales, cupos estrictos, trazabilidad individual, controles veterinarios, fiscalización, guías de traslado, establecimientos habilitados y sanciones severas contra la caza clandestina.
Lo que no se puede hacer es mentir diciendo que manejo sustentable significa exterminio.
La normativa nacional ya establece directrices para el uso sostenible del guanaco y contempla que las provincias desarrollen planes con estimaciones poblacionales, monitoreo, manejo y faena bajo condiciones reguladas. No es una ocurrencia improvisada ni una licencia para matar: es una herramienta que exige planificación científica y control estatal.
Río Negro, además, tiene antecedentes concretos. La propia Provincia informó años atrás experiencias de encierre, esquila y liberación de guanacos que beneficiaron a más de 350 familias de la Región Sur. Es decir, el aprovechamiento responsable del guanaco no nació ayer ni constituye una herejía ambiental: ya fue presentado oficialmente como una alternativa productiva para poblaciones con oportunidades económicas limitadas.
Entonces, ¿qué propone Odarda?
¿Seguir prohibiendo?
¿Seguir decomisando?
¿Seguir dejando que la clandestinidad haga lo que el Estado no controla?
¿Seguir impidiendo que la carne, la fibra y el cuero generen trabajo y agregado de valor en Los Menucos, Jacobacci, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Valcheta y los parajes de la meseta?
Eso no es conservación.
Eso es conservar la pobreza.
Odarda ya había denunciado en la Legislatura que Río Negro contaba con apenas cinco guardafaunas y tres vehículos para realizar controles. El dato, lejos de justificar la parálisis, demuestra exactamente lo contrario: la Provincia necesita más guardafaunas, movilidad, cámaras, tecnología, georreferenciación, controles sanitarios y presupuesto.
Pero su razonamiento parece ser otro: como el Estado controla poco, prohibamos todo.
Con ese criterio, como existe abigeato habría que prohibir la ganadería.
Como existe evasión habría que cerrar los comercios.
Como existe pesca ilegal habría que prohibir la pesca.
Es absurdo.
La clandestinidad no desaparece con discursos emotivos. Desaparece cuando existe un circuito legal, controlado, trazable y económicamente viable.
El guanaco es patrimonio de todos los rionegrinos, pero el costo de alimentarlo y darle agua se descarga sobre campos particulares. La sociedad disfruta su conservación; el productor soporta solo la competencia por los recursos, los alambrados dañados y la pérdida productiva.
Ambientalismo con el campo ajeno es muy fácil.
Lo difícil es explicar quién paga la cuenta.
Nosotros no defendemos la matanza indiscriminada.
Defendemos un plan integral:
Censo científico y georreferenciado de poblaciones.
Cupos por región y por establecimiento.
Trazabilidad desde el campo hasta el consumidor.
Controles de SENASA y bromatología.
Frigoríficos habilitados en origen.
Aprovechamiento de carne, cuero y fibra.
Participación directa de los productores y comunidades rurales.
Reinversión de una parte de los ingresos en conservación y fiscalización.
Eso es una política pública.
Lo otro es posar para la tribuna.
La Patagonia productiva no necesita dirigentes que lleguen desde la ciudad a explicarles a sus habitantes cómo deben vivir. Necesita legisladores que recorran los campos, conozcan las aguadas, hablen con los productores y comprendan que sin población rural no existe conservación posible.
Cuando una familia abandona el campo no gana la naturaleza.
Ganan la desertificación, la caza furtiva, los incendios, la concentración de la tierra y el despoblamiento.
Odarda presenta al productor como una amenaza para la fauna, cuando durante generaciones fue precisamente el productor quien permaneció en el territorio, cuidó las aguadas, mantuvo los caminos internos y sostuvo la presencia humana donde el Estado casi nunca llegó.
Basta de enfrentar al guanaco con el productor.
Basta de usar a la fauna como decoración política.
Basta de una dirigencia que se emociona con los animales, pero permanece insensible frente a las familias rurales.
No queremos exterminio: queremos manejo.
No queremos caza clandestina: queremos trazabilidad.
No queremos depredación: queremos aprovechamiento sustentable.
No queremos discursos escritos desde un escritorio: queremos soluciones construidas en el territorio.
Odarda descubrió el guanaco.
Ahora sería importante que alguna vez descubra a quienes todavía resisten y producen en la Línea Sur.
Porque defender la Patagonia sin defender a sus productores no es ambientalismo.
Es marketing político pagado con la pobreza del interior rionegrino.
Por Alejandro Assis – Presidente del Centro de Inversión y Desarrollo Patagónico — CIDP
