El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que le habría disparado a la perra de su vecino, cuando el animal ingresó a su chacra de San Javier. En la audiencia el imputado brindó una versión distinta de los hechos. Ambas teorías del caso se profundizarán durante la investigación penal cuya apertura fue dispuesta por el juez de garantías a partir del día de hoy.
La instancia comenzó con la descripción del hecho imputado al hombre, que se habría producido en la zona de chacras de San Javier. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado “habría provocado lesiones a la perra Tita, disparándole con un arma de fuego tipo carabina equipada con mira telescópica.
Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó que cuenta con la denuncia del dueño del animal, quien indicó que se encontraba paseando junto a su perra cuando ambos cruzaron un desagüe hacia la chacra vecina.
Allí, como describe en la presentación realizada ante personal policial, “escucho una detonación y Tita regresa con una herida sangrante”. La rápida atención veterinaria permitió evitar su muerte.
El profesional que intervino extrajo el proyectil y describió lesiones compatibles con un disparo de arma de fuego. Esta evidencia se suma a los resultados de los allanamientos en los que se incautaron dos armas largas y la pericia balística que determinó correspondencia positiva entre el proyectil analizado y una de las armas secuestradas.
La Defensa Pública presentó una teoría del caso diferente. Planteó que la investigación comprende dos momentos claramente diferenciados y cuestionó la existencia de certeza respecto de que el proyectil extraído del animal hubiera sido disparado por el imputado. Sostuvo que lo único que se encuentra acreditado es que el arma fue hallada en su vivienda, que comparte con un núcleo familiar extenso y que no hay evidencia de que él la haya manipulado cuando se produjo el hecho.
El propio acusado confirmó ésto al hablar. Manifestó su afecto por los animales y solicitó que se convoque a vecinas y vecinos para que puedan aportar información sobre esa circunstancia.
Finalmente el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Señaló que el objetivo de esta etapa que se extenderá por los próximos cuatro meses es reunir y analizar la evidencia necesaria para que tanto la Fiscalía como la Defensa puedan sostener sus respectivas teorías del caso.
Asimismo, recordó que durante el proceso las partes podrán evaluar las distintas salidas alternativas en caso de que resulten aplicables.