La primera vocal del Tribunal de Cuentas de Viedma, Giselle Rosas, solicitó hoy formalmente que la denuncia presentada desde el bloque Vamos con Todo sea incorporada al temario de la próxima sesión del organismo de control para su tratamiento.
Cabe señalar que esta denuncia por presuntas irregularidades surge luego de las actuaciones administrativas para la adquisición de módulos sanitarios que en primer momento iban a ser instalados en el paseo de los artesanos en el balneario El Cóndor.
En su planteo, Rosas sostuvo que, por la gravedad institucional de los hechos denunciados, el expediente debe ser analizado «minuciosamente» por los integrantes del Tribunal de Cuentas. Asimismo, dejó constancia de que, ante una eventual negativa a tratar el caso o frente a cualquier falta de transparencia en el procedimiento, fijará públicamente su posición.
La denuncia en cuestión fue presentada el 24 de julio y consta de 41 fojas, en ella, se exponen presuntas irregularidades en el proceso licitatorio para la adquisición e instalación de un baño modular destinado originalmente al balneario El Cóndor.
Según los puntos centrales de la presentación el Municipio de Viedma convocó a una licitación en la que participaron dos empresas con ofertas cercanas a los 45 millones de pesos. Entre ambas propuestas existía una diferencia aproximada de apenas 31 mil pesos.
Uno de los ejes más sensibles apunta a la composición societaria de la empresa adjudicataria. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, uno de sus socios sería Nicolás Bambaci, cuñado del intendente Marcos Castro.
Además, señala que el domicilio legal declarado por la empresa coincide con un inmueble de la ciudad de Viedma respecto del cual se incorporó documentación registral y electoral que, según la denuncia, merece ser investigada por los organismos de control.
Otro de los cuestionamientos refiere a que la obra licitada para instalar un baño público en El Cóndor finalmente fue ejecutada en la Feria Municipal de Viedma, sin que —según la denuncia— exista en el expediente una fundamentación técnica o administrativa que explique ese cambio de localización.
Con el pedido impulsado por Rosas, el Tribunal de Cuentas deberá definir en su próxima sesión si incorpora formalmente la denuncia al orden del día y dispone el inicio de las actuaciones que permitan determinar si existieron o no irregularidades administrativas en el proceso licitatorio y en la ejecución de la obra.
Ahora será el Tribunal de Cuentas el que determine, a partir del análisis del expediente y de la prueba reunida, si las presuntas irregularidades denunciadas tienen sustento o deben ser descartadas.
