El secretario general de la seccional Viedma de Sitrajur, Pablo Barreno, se refirió al anuncio del Ejecutivo provincial sobre la intención de quitar la obligatoriedad de afiliación a Ipross.
Remarcó que la prioridad debe ser garantizar una cobertura real, advirtió sobre las limitaciones del sector privado y reclamó una reunión urgente de todos los gremios estatales.
En el marco del debate abierto por el Poder Ejecutivo sobre la posible opcionalidad de afiliación a la obra social Ipross, el secretario general de la seccional Viedma del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), Pablo Barreno, analizó los alcances del anuncio y marcó la postura del gremio.
Aunque la propuesta aún no se ha presentado de manera formal en la Legislatura, Barreno señaló que la discusión no pasa únicamente por la libertad de elección, sino por el estado de situación en el que se encuentra la obra social estatal.
«Creemos que más allá de la libertad o no como un planteo concreto, existen cosas que son primordiales: el deterioro de la cobertura en cualquiera de sus ámbitos», afirmó, citando complicaciones en medicamentos ambulatorios, tratamientos crónicos, reempadronamientos y planes especiales como la cobertura oncológica.
Los costos del sector privado y la «letra chica»
Respecto a las posturas que ven con optimismo la apertura hacia otras obras sociales o empresas de medicina prepaga, el dirigente judicial advirtió sobre la viabilidad económica para la mayoría de los estatales rionegrinos.
«Las posibilidades, independientemente de la libertad, van a depender del aporte», sostuvo Barreno, explicando que la suma de las contribuciones patronales y personales sobre los salarios actuales resultaría insuficiente para cubrir planes privados equivalentes.
«Con el salario promedio de los trabajadores estatales no podríamos llegar a pagar el plan para una persona en una prepaga, cuando en Ipross estaríamos cubriendo a todo un grupo familiar», ejemplificó, detallando además las barreras de entrada del sector privado, como los exámenes previos, los períodos de carencia y los límites de reingreso que suele fijar la normativa.
La crisis del financiamiento y el rol del Estado
El referente de Sitrajur encuadró el debate en una problemática más amplia de financiamiento de la salud pública y sindical. Recordó que el sector judicial ya ha sufrido el recorte de aportes específicos (como el 2 por mil), debiendo sostener su propia estructura asistencial con el esfuerzo exclusivo de sus afiliados.
En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de transparente el destino de los fondos destinados a la obra social provincial. «Todo lo que nos sacan del recibo de sueldo debería llegar a la obra social, pero no tenemos certeza de si la parte patronal —ese 7% que le corresponde al Estado— realmente ingresa en su totalidad a Ipross», cuestionó.
Convocatoria a los sindicatos estatales
Frente al próximo tratamiento legislativo en la Comisión de Asuntos Sociales, Sitrajur adelantó que solicitará un espacio formal para presentar la postura del sindicato. No obstante, Barreno consideró fundamental que el conjunto de las organizaciones sindicales se expida de manera unificada.
«Es absolutamente necesario que todos los sindicatos estatales que conformamos el Consejo Asesor de Ipross por ley mantengamos una reunión para debatir un proyecto sanitario concreto. El camino es fortalecer la obra social estatal y devolverla a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores, sin la intervención del Poder Ejecutivo provincial», concluyó.
Para Sitrajur, el proyecto sobre la opcionalidad de Ipross «desvía la discusión central sobre el deterioro de la obra social»
