El Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria de San Javier solicitaron formalmente la asignación de 500 hectáreas destinadas al desarrollo de proyectos agroecológicos asociativos, comunitarios y cooperativos en el marco del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Área de Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Negro – Segunda Etapa.
El planteo fue presentado ante funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), el Consorcio de Riego, el Ministerio de Producción y las subsecretarías vinculadas al sector cooperativo.
La solicitud fue realizada en representación de la Federación de Organizaciones Nacionales y Locales nucleadas como agricultores familiares, campesinos e indígenas (F.O.N.A.F.), durante la consulta pública del proyecto, financiado con fondos del BID.
Desde la organización destacaron la importancia de cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014, particularmente en lo referido al acceso a la tierra para familias campesinas, hijos y nietos de productores vinculados a cooperativas y organizaciones de la región.
En ese sentido, mencionaron a integrantes de la Cooperativa San Javier, COOPCOP, Porcus, la Asociación Colectivo Agroecológico y Mamuel, entre otras entidades.
“Celebramos la concreción de este proyecto, que puede hacer realidad lo que nuestra ley establece en cuanto al acceso a la tierra para tantas familias campesinas que hoy deben alquilar”, señalaron desde la F.O.N.A.F.
Asimismo, recordaron que el pedido ya había sido planteado ante autoridades provinciales y durante etapas anteriores del proyecto, iniciadas durante la gestión del exgobernador Alberto Weretilneck y continuadas durante el gobierno de Arabela Carreras.
La propuesta contempla no solo la asignación de las 500 hectáreas, sino también el correspondiente parcelamiento. Las organizaciones reivindicaron, en ese marco, el espíritu con el que fue creado el IDEVI mediante la Ley 200, sancionada en 1961, cuyo objetivo original era alcanzar el riego de 70.000 hectáreas.
Según expresaron, las aproximadamente 20.000 hectáreas actualmente bajo riego demuestran el potencial de la región para transformar el desierto en un área productiva, con capacidad agroalimentaria y de generación de oportunidades sociales.
Finalmente, reclamaron que las nuevas tierras incorporadas al sistema de riego mantengan el espíritu de la legislación fundacional y no sean destinadas exclusivamente a la especulación inmobiliaria o a intereses particulares.
“Solicitamos que estas nuevas tierras bajo riego no se conviertan únicamente en beneficio oportunista de unos pocos, siempre atentos a la especulación inmobiliaria y al clientelismo político partidario”, manifestaron.
Las organizaciones indicaron que participarán de una eventual mesa de diálogo para aportar sus propuestas y garantizar que el proceso de asignación de tierras contemple a la agricultura familiar y a los proyectos asociativos de la región.
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