El Gobierno rionegrino dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina.
Se trata de sanciones firmes, ante incumplimientos severos dentro del Estado. La medida busca garantizar que el Estado funcione con eficiencia y que los recursos públicos se destinen exclusivamente a brindar servicios de calidad.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras.
Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El Gobierno de Río Negro continúa ejerciendo la potestad disciplinaria de manera activa, con el objetivo de jerarquizar la carrera administrativa y asegurar el cumplimiento de las tareas en cada dependencia.
Los motivos: del abandono de servicio a la protección de los más vulnerables
Las últimas cesantías dictadas responden, en su mayoría, al abandono de servicio. Se trata de agentes que se ausentaron de sus puestos de trabajo de forma prolongada y sin dar aviso, cortando todo diálogo con el Estado incluso tras ser intimados.
Más allá de las inasistencias, la Junta actúa sobre hechos que impactan directamente en la vida de los rionegrinos.
Por ejemplo, en un hospital público, se sancionó al responsable de entregar turnos para tomografías, quien no cumplía con su carga horaria. Esta ausencia injustificada en la ventanilla impedía que los pacientes accedieran a estudios de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente.
También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Un control transversal y con garantías legales
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias.
Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa.
La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN.
“Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Faltas graves: 6 cesantías y 33 suspensiones en el Estado provincial.
