Se trata del Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, decretado en el 2020 con punto de origen en la pandemia Covid-19 y por las distintas restricciones dispuestas por el Estado que ralentizaron las economías provinciales y que afectaron principalmente las pequeñas pymes o empresas familiares.
Si bien la realidad ya no es la misma; la apertura producida por el estado de pandemia generó escenarios y problemáticas asociadas a posibles estados de excepción cuyas reglas pueden prolongarse y que ocasionaron un proceso inflacionario con niveles superiores al 90%, producto del atraso tarifario.
El sector frutícola que comprende la cadena de pera y manzana, que además incluye en este nuevo período los aserraderos, galpones de empaque y frigoríficos que prestan servicios en la cadena de producción de peras y manzanas, viven el efecto colateral que ha producido la pandemia Covid-19, con fuertes impactos por los valores de la macro-economía como son las variables independientes que afectan a nuestro principal sector exportador, afectando un sector generador de miles de empleos directos e indirectos.
Es en ese sentido que la Legisladora Silvia Morales propone al “Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), vería con agrado la prórroga para el año 2023 del Programa de Asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social para la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa -Decreto 615/2020-.
Solicitando además, que se incluyan en este nuevo período, los aserraderos, galpones de empaque y frigoríficos que prestan servicios en la cadena de producción de peras y manzanas”.