Legisladores del Frente de Todos pidieron al Ministerio de Educación que informe “los cambios realizados en la provisión de alimentos a las residencias estudiantiles en general y a la Residencia Masculina de Nivel Medio N° 304 Soldado Julio Cao, de Comallo, en particular”, para conocer si “hubo una merma en la provisión de alimentos, específicamente en carnes y verduras”, según reclamó inicialmente -junto otros– Gastón Etchechuri, director del establecimiento.
A través de un comunicado con la firma de al menos una docena de integrantes de la comunidad educativa de la Residencia, Etchechuri señaló que “el 1 de junio se notificó a la institución acerca de las nuevas cantidades de alimentos que recibirá para garantizar las cuatro comidas diarias”, y que “en ellas se observa un recorte por demás significativo en las cantidades de nutrientes”.
Luego detalla que en algunos casos, como en carne vacuna la provisión es un 50% inferior, al igual que en el caso del pollo, que decayó en un 65%, en comparación con 2022, a pesar de mantener la misma cantidad de alumnos.
Sin solución a la vista, la propia comunidad educativa resolvió días atrás acudir a la Justicia con un recurso de amparo y la expectativa de poner fin a una situación ya de larga data.
Según explicó el directivo, desde la Coordinación Regional de Educación de Jacobacci, le respondieron que las modificaciones detectadas aparecen enmarcadas en la Ley 27642 de
alimentación saludable.
Para Etchechuri, sin embargo, “bajo ciertas consideraciones subjetivas y supuestamente enmarcadas en una Ley se apela a la baja de la calidad y cantidad de alimentos”.
Sostuvo que “el ciclo lectivo 2022 bajo supuestas consideraciones nutricionales por parte de personal idóneo se encubrió un ajuste significativo en los alimentos de nuestros alumnos. Hoy, bajo el paraguas de una Ley con interpretaciones a nuestro entender tendenciosas se encubre nuevamente un nuevo ajuste en la cantidad de los alimentos que nuestros alumnos consumen diariamente”.
En tal sentido, los legisladores del FdT pidieron a Educación que explique “cuál es el argumento por el que se invoca la ley de etiquetado frontal para justificar la merma de provisión de alimentos a las residencias escolares”.
Además, que se indique “quiénes son los profesionales de la salud que han propuesto y/o avalado el cambio de provisión de alimentos a las residencias en cantidad y composición”.
En su reclamo, Gastón Etchechuri, ejemplificó que “desde la entrega de junio se sacaron los enlatados como arvejas y choclos sin ser suplantados por sus variedades frescas. Lo mismo sucede con el atún enlatado que ya no lo recibiremos más pero en paralelo tampoco existe una política de suplantarlo por pescado fresco o congelado”.
“Tampoco se proveen de otros productos como por ejemplo frutos secos y semillas, frutas secas sin salar (maní, nueces, almendras, avellanas, castañas, etcétera) o semillas sin salar (chía, girasol, sésamo, lino, etc)”, sostuvo.
“Queda una vez más claro que la ley se utiliza según las necesidades de ajuste del Ministerio de Educación”, afirmó el director.
Desde el Frente de Todos pidieron, por último, que se “especifique cuál es el seguimiento que se realiza sobre la salud nutricional de las y los jóvenes de las residencias estudiantiles, qué planificación existe y cuáles son los profesionales responsables”.