Los legisladores del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentaron un proyecto de Comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos correspondientes, recomponga y ejecute plenamente las partidas presupuestarias del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo, creado por la Ley, es fundamental para garantizar el régimen de promoción ovina, una política de Estado consolidada desde hace más de dos décadas que sostiene el desarrollo y fortalecimiento del sector.
En consonancia con la iniciativa presentada por el Senador Martín Doñate, los parlamentarios Ana Marks, Daniel Belloso, Pedro Dantas, Luis Ivancich y Leandro García, buscan el apoyo de la Legislatura rionegrina para la aprobación de este proyecto, que asegurará la continuidad del financiamiento para la denominada Ley Ovina, una política pública crucial para la Patagonia y el país.
Durante 2022, Río Negro ejecutó más de $52.000.000 del Fondo Ovino, representando la totalidad del presupuesto asignado por la Lay. A pesar de su correcta implementación y fundamental importancia, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (“Ley Bases”), apoyada en Congreso por Diputados y Senadores de Juntos Somos Río Negro (JSRN), autorizó al Poder Ejecutivo a modificar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, poniendo en riesgo la continuidad del FRAO.
Históricamente, la ganadería ovina ha sido un pilar económico en la Patagonia, especialmente en la Línea Sur de la provincia de Río Negro, donde la actividad ganadera es vital para la subsistencia debido a la falta de grandes empresas y empleo estatal. La Ley Ovina de 2001 logró la recuperación de majadas, estabilización de la producción y mejora en la rentabilidad del sector. Sin embargo, la actividad ha sido impactada por condiciones económicas adversas y políticas que han limitado su crecimiento.
Actualmente, la reducción de fondos destinada al FRAO pone en riesgo estos logros y afecta directamente a casi 100.000 establecimientos pecuarios, de los cuales el 98% pertenecen a la agricultura familiar. En Río Negro, más de 2.500 establecimientos con un millón de cabezas ovinas dependen de este fondo para su sostenimiento.
La falta de financiamiento adecuado amenaza con reducir ingresos, limitar la modernización tecnológica, deteriorar el estatus sanitario y afectar el empleo rural. Además, la reducción de los fondos compromete la sostenibilidad de los recursos naturales y la competitividad en el mercado global.