Incumplimientos laborales por parte de empleados públicos rionegrinos derivaron en 428 sanciones desde inicios del 2024.

Se trata de 74 cesantías, 4 exoneraciones y 350 suspensiones de entre 1 y 30 días, todas enmarcadas en lo que establece la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública rionegrina.
“Las sanciones fueron aplicadas a través de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno provincial”, detallaron voceros del gobierno rionegrino.
Sobre esto, la Secretaria de la Función Pública rionegrina, Tania Lastra, explicó que, “las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores y trabajadoras que cumplen con responsabilidad su tarea cada día. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”.
En el mismo período, se iniciaron 144 sumarios administrativos y se dictaron 71 suspensiones preventivas, una medida provisoria que se aplica cuando la permanencia del agente podría interferir en la investigación. Desde el inicio de la gestión, también se emitieron 21 apercibimientos y se cerraron 37 sumarios con el sobreseimiento de los agentes involucrados.
Las irregularidades más frecuentes están relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. En los casos más graves, que derivan en sanciones como cesantías o exoneraciones, se registran situaciones de abandono de servicio y condenas en causas penales.
Cuando se detecta una posible falta, se inicia un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina.
Este organismo, integrado por un presidente, dos vocales en representación del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN, es el encargado de resolver en función de la gravedad de los hechos, los antecedentes del agente y los perjuicios ocasionados al Estado. “La Junta Disciplinaria actúa con criterios claros, garantizando procesos justos y decisiones fundadas”, aseguró Lastra.