Un hombre que habría repetido una agresión física contra su ex pareja, a quien tenía prohibido acercarse, fue protagonista de una audiencia en la que se le formularon cargos y luego de la cual se dispuso su prisión preventiva. Los delitos endilgados fueron los de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido perpetradas en contexto de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
Según la Fiscalía, el acusado fue quien, el 10 marzo durante la madrugada “efectuó golpes de puños en la boca y en la cabeza de su ex pareja y la tomó del cuello fuertemente intentando ahorcarla”. Con dicho accionar desobedeció una orden judicial impuesta en noviembre pasado que le prohibía acercarse a la víctima y mantener con ella todo tipo de contacto.
Entre el sustento probatorio la Fiscalía mencionó que cuenta con la denuncia penal de la víctima en donde detalla cómo, en qué momento y dónde se produjeron los hechos, el acta del personal policial que intervino, el certificado del médico policial que dio cuenta de las lesiones sufridas por la víctima y antecedentes del legajo que tenía el hombre en el que constaba las medidas cautelares oportunamente impuestas, entre ellas la prohibición de acercamiento que se monitoreaba con un dispositivo electrónico.
El informe del organismo que controló sus movimientos lo ubica al señor en el lugar en el que la víctima recibió la agresión, en la zona céntrica de Viedma. Además se suman como indicios los resultados de la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima que trabajó con ella y realizó el informe de riesgo que da cuenta de una relación inmersa en el círculo de la violencia y una victima vulnerable.
Por todo ello el Ministerio Público Fiscal requirió la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses y agregó a este pedido la imposición de la prisión preventiva del hombre. A la medida cautelar se opuso la defensora oficial mencionando contraposiciones presentes en el legajo que deben corroborarse en el marco de la investigación y ofreció medidas de coerción menos gravosas que, de igual manera, brinden protección tanto a la víctima como a las medidas en curso.
Finalmente el Juez de Garantías interviniente hizo lugar a lo requerido por la acusación pública disponiendo la investigación penal preparatoria por cuatro meses y la prisión preventiva por 30 días para garantizar que en ese lapso se realicen las medidas de prueba pendientes. Asimismo, por este mismo argumento y haciendo lugar al pedido de la defensa prohibió que se difundan en medios de comunicación la imagen y nombre, tanto de imputado como de la victima.