Los parlamentarios provinciales pidieron a los representantes rionegrinos en el Congreso que rechacen la Ley Ómnibus y en particular el referido a esa temática.
El bloque Vamos con Todos expresó su más enérgico repudio a la pretensión del gobierno nacional de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, lo cual fue calificado por esa bancada como “un claro avasallamiento de los derechos de las y los trabajadores jubilados y pensionados”. Por ello solicitaron a los representantes rionegrinos en el Congreso de la Nación que se opongan al Proyecto de Ley 153324710-APN-PTE – 2023 Denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y en particular el capítulo referido a esa temática.
Las y los legisladores rechazaron el Capítulo VII denominado “CONSOLIDACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL” de la llamada Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional en diciembre pasado. Se trata de un paquete de leyes que plantea numerosas modificaciones que “perjudicarían a las personas jubiladas y otorgan mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional; por ejemplo, eliminando la fórmula de movilidad jubilatoria, con actualizaciones que quedarían a criterio del Ejecutivo. Lo más gravoso es que busca transferir el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional”.
El legislador Luciano Delgado Sempé afirmó que “de aprobarse esta medida, los aportes jubilatorios quedarían a total disposición del Ministerio de Economía y podrían ser ofrecidos, por ejemplo, como garantía para acreedores externos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad intergeneracional. Nació de la eliminación del espectacular negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores”.
Por su parte, el presidente del bloque, José Luis Berros sostuvo que “el núcleo de la contienda es el paquete de acciones de empresas que Anses tiene bajo su poder, a través del FGS. En total, son acciones de unas 46 empresas: Banco Macro, Edenor, Gas Natural Ban. Distribuidora de Gas Cuyana. San Miguel, Ternium, Consultatio, Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, Grupo Galicia, Clarín y Ledesma, entre las principales”.
“El monto global del paquete accionario, que las propias empresas estarían dispuestas a comprar al Estado, le inyectarían a Caputo unos 4.000 millones de dólares. Esta iniciativa fue ratificada por Pablo Quirno, en su exposición de esta semana en el Congreso, donde lo valuó en 5.500 millones de dólares”, agregó con preocupación Magdalena Odarda.
A través de sendos proyectos de Comunicación y Declaración presentados este miércoles en la Legislatura rionegrina el bloque recordó que el Fondo fue creado en 2007 a través del Decreto 897 por el presidente Néstor Kirchner con el objetivo de proteger el sistema previsional. Es el fondo financiero más importante de América Latina y permite que el sistema de seguridad social argentino sea sólido y confiable.
“El objetivo del presidente Milei y del ministro Caputo es regresar a un régimen previsional privado de capitalización. La descapitalización de esa caja de respaldo o la liquidación de activos violenta la meta principal del FGS, que fue constituido para garantizar el pago de las jubilaciones ante eventualidades negativas que lo pongan en riesgo. Es un fondo contracíclico de la Anses para cuidar el dinero de trabajadores y jubilados. Una de sus principales misiones es la preservación de los activos y para ello debe buscar rentabilidad que permita su sustentabilidad”, afirmó Ayelén Spósito.
Finalmente, Fabián Pilquinao consideró “necesario defender los derechos de los jubilados y pensionados, que pretenden ser vulnerados y avasallados por el gobierno nacional, y garantizar la conservación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo cual requerimos a los representantes rionegrinos en el Congreso Nacional que rechacen el proyecto en cuestión”.
ANTECEDENTES
En 2008, con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los fondos administrados por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) fueron transferidos en forma de activos financieros al FGS. Desde entonces, gran parte de las inversiones de este fondo se destinaron a proyectos productivos que incentivaron el desarrollo económico y la creación de trabajo registrado. Entre 2008 y 2015, el valor en dólares del FGS aumentó un 179%. Este proceso generó un círculo virtuoso, ya que el aumento del consumo y los nuevos empleos implicaron una mayor recaudación tributaria y de los recursos de seguridad social, generando crecimiento económico con inclusión social.
Con la sanción de la Ley 27.574 de Defensa de los Activos del FGS, el gobierno nacional buscó revitalizar la orientación del FGS como fondo de desarrollo, priorizando inversiones con impacto directo en la economía real, y promoviendo la sostenibilidad y solidaridad del sistema previsional en particular y de la economía argentina en su conjunto.
Desde fines de 2019 hasta junio de 2023, el valor en dólares del FGS aumentó un 72%, y las inversiones en proyectos productivos y de infraestructura registraron un crecimiento de 114% interanual (III trim 2022 vs 2021) según se detalla en el sitio oficial https://www.anses.gob.ar/observatorio/creacion-del-fondo-de-garantia-de-sustentabilidad
Ya en el 2016 Luis Caputo siendo ministro de Finanzas y Emilio Basavilbaso director ejecutivo de la Anses, el FGS se desprendió de acciones de Petrobras Argentina, que fueron compradas por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, quien ya le había adquirido a Ángelo Calcaterra la constructora Iecsa. En dicha oportunidad, Caputo habilitó la venta de 11,8% del capital social que tenía Petrobras, a un valor de 10,37 pesos. Al poco tiempo, cuando Pampa Energía entró en el juego, los papeles se fueron a 18. El kirchnerismo denunció una posible maniobra financiera y el fiscal Jorde di Lello abrió la investigación contra Basavilbaso y Caputo, quienes en 2019 fueron sobreseídos por el juez Claudio Bonadio.