El legislador Raúl Martínez (Frente de Todos) señaló que “el desalojo de la toma 2 de enero en el día de la fecha en Viedma es el fiel reflejo de la ausencia del Estado en las políticas de tierra y vivienda”.
“Tal acción, de carácter judicial, representa además la incapacidad de los funcionarios actuantes en la búsqueda de solución a las familias que no tienen adonde ir”, apuntó.
Indicó el parlamentario que “resulta tremendamente contradictorio que justamente el municipio, principal responsable de esta situación, aporte sus máquinas para destruir lo que humildes vecinos con mucho esfuerzo construyeron”.
“La incapacidad y la desidia conforman un combo provocador e inconsciente, dando rienda suelta a la deshumanización que por estos tiempos parece profundizarse a la luz de la falta de políticas sociales coherentes con la grave situación imperante”, agregó Martínez.
“El poder político debe hacerse cargo de esta situación a fin de salvaguardar el bienestar y escasos bienes de estas personas e interceder ante las autoridades judiciales para que se suspenda la medida”, concluyó