«Hay veces en las que, en un Estado de Derecho, la búsqueda de verdad y justicia trasciende al Poder Judicial. Acá es el Ejecutivo el que no debe dudar y garantizar los recursos económicos necesarios para poder bajar al jahüel», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Rio Negro y la CTA Autónoma, en referencia a los aportes económicos necesarios para que la Justicia realice los peritajes necesarios en el jagüel, donde un testigo indicó que se arrojó el cuerpo del joven Daniel Solano.
En una conferencia de prensa realizada en el Concejo Deliberante de la ciudad Viedma, junto a distintas organizaciones sindicales, indicó que «este es un grave crimen que se cometió en nuestra provincia y todos sabemos, más allá de los intentos de ocultamiento, que las probabilidades que haya sido el mismo Estado el que lo desapareció y asesinó son altísimas».
Señaló que «Alberto Weretilneck nos representa a todos los ciudadanos de esta provincia y los rionegrinos exigimos que este caso no quede impune».
Para la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Alberto Weretilneck debe habilitar los aportes económicos necesarios para que la Justicia realice los peritajes necesarios.
El pozo en cuestión, de gran profundidad, se encuentra ubicado en el campo La Manuela, en el Kilómetro 977 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de la localidad de Choele Choel.
Aguiar puntualizó que “en repetidas oportunidades, desde distintas esferas, se solicitó al Poder Ejecutivo que proveyera las herramientas necesarias para la búsqueda del cuerpo del trabajador rural que se desempeñaba para la firma Expofrut. Sin embargo, por lo menos de manera informal, referentes gubernamentales habrían advertido que no se pondrían los fondos para la búsqueda en este sector”.
Aseveró que “está claro que para el Estado desembolsar los tres millones de pesos necesarios, en una provincia que se caracteriza por su impronta petrolera, sería un gasto mínimo. Sin embargo, al ser presupuestado el trabajo por una empresa privada, sumado al traslado de operarios desde la provincia de Salta, incrementan los costos notablemente”.
Finalmente, desde la Central Obrera se definió como “extremadamente irresponsable, cruel y hasta perversa la decisión de apartarse de la búsqueda del cuerpo en el jahüel por razones económicas, dejando en la familia la búsqueda de los recursos necesarios para realizar el trabajo”.
Cabe destacar que, según se acordó en las instancias judiciales, no se realizará el descenso al pozo de persona alguna, sino que se procederá a remover todo el terreno de manera mecánica para luego analizar el material orgánico que en ello se encuentre. La fecha prevista para el comienzo de los trabajos era el 15 de noviembre, pero la falta de recursos económicos podría acarrear un aplazamiento.