Viedma. El Juez de Garantías Adrián Dvorzak dispuso hoy la prisión de preventiva por el término de dos meses para el hombre acusado de atacar a golpes a su ex pareja en El Cóndor en la madrugada del miércoles.
También tuvo por formulados los cargos por intento de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género realizada por el Fiscal Guillermo González Sacco. El fiscal presentó como sustento de su pedido en la audiencia oral y pública testimoniales de policías que acudieron en ayuda de la víctima, informes médicos y criminalísticos preliminares.
La defensa se opuso a la calificación. En efecto, el Defensor oficial Pedro Vega dijo que la carátula que se ajustaba al caso era la de “lesiones graves”. De acuerdo a lo que aseguró, la Fiscalía había propuesto esa calificación en una primera instancia.
Justamente en el punto de la imputación se centró la primera parte de la audiencia. El Fiscal González Sacco dijo que la intención del agresor fue terminar con la vida de la víctima, mientras que la defensa disintió. Tras escuchar los argumentos, el juez tuvo por formulados los cargos con la imputación más grave. Las partes dejaron en claro que la imputación es provisoria y puede cambiar en el transcurso del proceso penal.
En segundo término se abordó el pedido del fiscal para que el hombre quede en prisión preventiva durante tres meses. La Fiscalía puso el acento en la gravedad del hecho, en la necesidad de producir más prueba y en la violación de la restricción perimetral por parte del acusado.
Por su parte, la defensa argumentó que la prisión preventiva solo puede darse con dos premisas: la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Recordó que la legislación prohíbe vincular la prisión preventiva a la gravedad de hecho. Finalmente, solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Finalmente, el juez Dvorzak, tras analizar los argumentos y la normativa vigente por la cual deben regirse los procesos penales, dispuso la prisión preventiva durante el lapso de dos meses para el imputado. Durante ese período debe concluirse la investigación, de manera de poder realizar el juicio respectivo.