Por la iniciativa para la modificación de la Ley Provincial 3550, ATE se reunió con el Secretario Legislativo

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Rodolfo Aguiar se reunió con Daniel Arnaldo Ayala, Secretario Legislativo de la Legislatura Provincial por la iniciativa para la modificación de la Ley Provincial 3550 de Ética e Idoneidad de la Función Pública.

«Esta iniciativa tuvo muy buena repercusión en la sociedad y ya cuenta con el aval o acompañamiento de gran parte del arco político. Ahora resta que esos apoyos públicos se conviertan en ley», dijo Aguiar y agregó que “no deben primar los espíritus corporativos. Pedimos que las negativas que puedan existir sean debidamente fundadas. Hasta ahora los pocos rechazos que se conocieron no fueron argumentados y refieren solo a posicionamientos conservadores».

Señaló además que «estamos en buen camino para recuperar gran parte de la confianza que la sociedad perdió en los sindicatos».

ATE informó que “en la charla mantenida, el funcionario -que, entre otras funciones, certifica el destino de los asuntos entrados, asiste a la Comisión de Labor Parlamentaria y se encarga de todo lo concerniente a los proyectos y las leyes en el cuerpo legislativo provincial- asumió el compromiso que, de continuar avanzando en el consenso de los diferentes sectores, la propuesta de ATE sería tratada en alguna de las primeras sesiones legislativas del próximo año, cuyo período de sesiones ordinarias comienza el 1 de marzo”.

La comitiva gremial que acompañó a Aguiar estuvo integrada por Leonardo Scafatti (Secretario de Finanzas), Jorge Calvo (Secretario de Comunicación), Silvina Elgueta (Prosecretaria de Finanzas), y los dirigentes Leticia Lapalma y Abel Quinteros.

La iniciativa parlamentaria de ATE, que recibió muy buenas repercusiones de parte de gran parte de la sociedad, propone la modificación del artículo 3 de la Ley Provincial 3550 de Ética e Idoneidad de la Función Pública, para adoptar la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada por parte de los dirigentes sindicales que encabecen las organizaciones sindicales (Secretarios Generales o Presidentes).

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