El intendente Pesatti, junto a la gobernadora Arabela Carreras, firmó el convenio de colaboración, cooperación y asistencia en materia de género, en el marco del programa provincial “ConsolidaRNos”.
Dicho convenio crea mesas de trabajo integral para favorecer la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en todos los municipios de nuestra provincia.
Al respecto Pesatti indicó “estas acciones buscan promover y generar consensos para que la transversalidad de las políticas de género sea una realidad en Viedma y en todo Río Negro”.
A partir de este convenio, Viedma podrá articular regionalmente con el Comité Provincial para el Abordaje Integral de Políticas Publicas con perspectiva de género y diversidad, contemplando las problemáticas y particularidades de la zona.
De la firma participó también la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz María Val Heredia, que lleva adelante esta iniciativa del gobierno provincial.
LEY PIERRI
En otro orden, el intendente Pesatti firmó junto a la mandataria provincial y el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler un convenio para instrumentar la llamada Ley Pierri en la jurisdicción municipal, e iniciar y/o vehiculizar trámites para la regularización dominial de inmuebles.
La Ley Pierri (Ley Nacional 24.374) facilita las regularizaciones dominiales de históricos poseedores de inmuebles en el territorio provincial.
Pueden acceder a los beneficios de esta Ley los ocupantes que, con causa licita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente.
La Ley de Regularización Dominial, habitualmente conocida como Ley Pierri, nació como un instrumento jurídico destinado a sanear las dificultades de los ciudadanos para lograr escriturar sus viviendas, en la búsqueda de brindar respuesta a quienes, dados sus escasos recursos y medios, no pudieron completar los trámites que consoliden la propiedad sobre sus hogares, como parte de las políticas sociales de vivienda orientadas a mejorar la situación de aquellos de más bajos recursos.