El Juzgado de Paz de Sierra Grande debió intervenir para pacificar un conflicto entre una familia propietaria de una vivienda y los inquilinos.
La vivienda era propiedad de dos personas, que habían sido pareja. Luego de varios reclamos por alquileres atrasados, ambos fueron hasta la vivienda, golpearon la puerta y fueron atendidos por una integrante de la familia inquilina.
Entraron a la vivienda. Su intención era permanecer en el lugar hasta que los inquilinos se retiraran. Allí las versiones son distintas: mientras los dueños de la casa dijeron que la pareja de quien alquilaba les quiso pegar, los inquilinos señalaron que los propietarios no tenían derecho a ingresar y que tuvieron palabras violentas adelante de menores de edad.
De esta manera, el Juzgado de Paz de Sierra Grande escuchó a las partes, convocó a audiencias y observó que todas las personas involucradas solicitaron medidas de prohibición de acercamiento y de expresiones personales agraviantes.
Los Juzgados de Paz pueden intervenir en estos casos contravencionales: “La ley me faculta a adoptar las medidas preventivas necesarias, tendientes a formar parte de una comunidad jurídicamente organizada, necesaria para la realización y reparación del daño que han provocado”, señala la resolución.
De esta manera, la orden recayó sobre todos los integrantes de ambas familias: deberán “abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, ya sea en la vía pública o en lugares públicos o privados, ni efectuar reclamos personales”.
Esta protección incluye también la imposibilidad de “realizar comentarios o publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram, X, etc.) referidas a esta situación”. Además, dispuso la prohibición de acercamiento entre ambas familias y hacia los respectivos domicilios.