“Nos costó salir del asombro que nos produjo enterarnos del ataque de la Justicia rionegrina hacia compañeros y compañeras sindicalistas de SITRAJUR, pero es una acción que no podemos pasar por alto”, expresaron integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Personal de Empleados Legislativos de Río Negro (APEL).
Las expresiones tienen que ver con la imputación a los dirigentes gremiales de SITRAJUR, Pablo Barreno y Adriana Saber, por violar –supuestamente- el artículo 205 del Código Penal.
“La libertad sindical, básicamente, es un conjunto de derechos reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones que se crearon para la defensa de sus intereses”, señalaron desde el gremio legislativo.
Agregaron que “uno de esos derechos es constatar la situación laboral; observar personalmente el sitio en el cual desempeñan sus tareas diarias, a fin de asegurarnos que las condiciones son las adecuadas”.
Mencionaron además que “esta tarea, que llevamos adelante los sindicalistas de manera permanente, fue mucho más estricta y exhaustiva desde la aparición de la pandemia. Como sus representantes, debíamos constatar que quienes estaban obligados a concurrir a sus lugares de trabajo –por ser esenciales- lo hicieran con las condiciones sanitarias necesarias”.
“Y para eso los dirigentes gremiales recorrimos cada oficina, cada espacio físico, cada rincón. Hacerlo es nuestra obligación y nuestro derecho”, remarcaron.
Justicia en Río Negro
“Nadie, ni siquiera los que imparten justicia en nuestra provincia, lo puede impedir. Es lisa y llanamente un avasallamiento a la democracia. Tristemente este atropello pasó en Río Negro, e imputaron a compañeros de SITRAJUR por cumplir su tarea”, sostuvieron.
Finalmente manifestaron que “esta actitud del Superior Tribunal de Justicia es absolutamente repudiable y merece nuestro total rechazo. La medida es un evidente atentado a la libertad sindical, ya que en ningún momento cometieron delito penal alguno sino que cumplían con su obligación gremial”.