El legislador del Frente de Todos, Marcelo Mango, presentó un proyecto de Ley que fija y destina un cupo de viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV) a mujeres en situación de violencia doméstica.
La iniciativa “establece la asignación de un cupo de un cinco por ciento de las viviendas construidas en cada Municipio por el IPPV de Río Negro, para ser adjudicadas a mujeres Jefas de Familia, con hijos menores de dieciocho (18) años y/o con algún tipo de discapacidad a su cargo, que hayan denunciado ser víctimas de violencia doméstica”, explicó el parlamentario rionegrino.
En un mismo sentido, el legislador señaló que “mayoritariamente, las mujeres que dan el paso fundamental de denunciar al violento con quien conviven, deben dejar sus casas porque también ejercen sobre ellas violencia económica”.
Por lo tanto, sostuvo, “la violencia va a persistir en otras formas si no se tienen tres elementos indispensables para poder salir del círculo violento en el cual se encuentran sumergidas: vivienda, trabajo y cuidado de las/los hijas/os”.
Agregó “a la situación de violencia que viven mayoritariamente las mujeres, se suma el déficit habitacional de la provincia de Río Negro. La imposibilidad de contar con una vivienda es uno de los tres elementos que condiciona fuertemente la posibilidad de la mujer de salir de ese círculo que la violenta sistemáticamente llegando, en muchos casos, a ser asesinada, tal como lo indican los datos estadísticos”.
Indicó que “a más de 70 días de aislamiento nos encontramos ante distintas situaciones a nivel país e incluso dentro de nuestra Provincia. Durante lo que va del periodo de cuarentena la violencia de género no se ha detenido, más bien se ha agravado”, destacó el legislador.
“Esta iniciativa de Ley, sería una respuesta por parte del Estado en el marco del paradigma de Derechos Humanos, la Ley Nacional 26.458 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, la Ley provincial 4.610 que adhiere a la Ley 26.845, la Ley provincial 3040 y su modificatoria integral Ley Nº 4241. Por lo tanto, el propósito que nos lleva a insistir con esta propuesta, es que el Estado atienda de manera efectiva las necesidades de este sector de la población doblemente violentado: por ser mujer y por ser pobre”, concluyó el parlamentario.