La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, este viernes 2 de agosto, el proyecto de ley que crea un Programa Provincial y un Fondo Específico de Financiamiento para la Vivienda (PPFV) para empleados públicos afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“Es emocionante vivir experiencias como la de recién, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y agregó que “los estatales rionegrinos hemos alcanzado un nuevo sueño: el del terreno, la casa propia, la vivienda remodelada” y aseveró que es “un derecho constitucional mayormente vulnerado en este escenario de crisis económica, lo que le da a este triunfo un sabor muy especial”.
Señaló que “quiero convocar una vez más a todos los trabajadores del Estado de la provincia a afiliarse a nuestro sindicato: un colectivo de mujeres y hombres que pelea y obtiene beneficios, que lucha, gana y no traiciona”.
Aguiar valoró además el consenso que obtuvo la ley en todos los bloques partidarios de la Legislatura y precisó que “no me sorprende, realmente” y aseguró que “nuestros legisladores, oficialistas y opositores, han garantizado nuevamente derechos sociales reclamados por esta parte del pueblo” y puntualizó que “la tierra, el techo y el trabajo son innegociables”.
El gremio afirmó además que “con cientos de militantes y delegados de ATE provenientes de todos los rincones de la provincia, los legisladores aprobaron la creación de un fondo fiduciario compuesto con aportes mensuales estatales, calculados sobre un 0,5% de la masa salarial de la administración pública” y explicó que “ese dinero estará disponible para la compra de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas de los afiliados a ATE, como también para dotarlos de servicios básicos si nos los tuvieran”.
Para garantizar la transparencia de las operaciones, la ley establece una comisión asesora integrada por dos representantes del ministerio de Economía, uno del de Obras y Servicios Públicos, otro del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y dos de ATE.
La vigencia de la norma es de tres años, prorrogables por ley.