La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Rio Negro realizaron hoy la primera jornada de un paro de 48 horas con una alta adhesión en escuelas, hospitales y el resto de la administración pública.
Las organizaciones se concentraron frente a los juzgados federales en General Roca donde se llevaba adelante el juicio contra dirigentes provinciales por una protesta durante el gobierno del ex presidente Macri.
Finalmente, se llegó a un acuerdo conciliatorio que extingue la acción penal y concluye con el archivo de la causa. El mismo se realizó en los términos del artículo 22 del Código Procesal Penal que considera este tipo de soluciones destinadas a priorizar la armonía entre las partes de la causa y la paz social. Cabe recordar que el abogado Diego Broggini fue quien representó a los dirigentes.
El gremio puntualizó que se trataba de los cargos contra Romeo Aguiar, secretario gremial de la CTA Autónoma y dirigente de ATE; Claudia Reyes, coordinadora provincial de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma; y Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de General Roca y secretaria adjunta de la seccional de ATE en esa ciudad, todos acusados de haber cometido delitos durante una protesta contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2019 y reafirmó que «las organizaciones reclamaban la ayuda que la delegada provincial Miriam Saigg había prometido a comedores y merenderos comunitarios en pleno auge del proceso de empobrecimiento que impulsó Cambiemos».
En esa línea, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE y la CTA Autónoma indicó que «denunciar trabajadores y dirigentes que protestan por diversos motivos para enjuiciarlos y condenarlos es la herramienta preferida del poder para disciplinarnos», y señaló que «nosotros no nos disciplinamos porque somos una organización poderosa y consciente que no delinque, sino que reclama lo que su pueblo pide”.
La jornada de paro incluye también demandas vinculadas al deterioro económico. En este sentido, el gremio estatal pidió una paritaria de emergencia ante los últimos datos de inflación conocidos por el INDEC, que detonarían la pauta del 16% bimestral acordada en abril.
ATE además pide aumento de adicionales, el fin de la precarización laboral en la administración pública, ley de insalubridad y convenios colectivos de trabajo sectoriales.