El legislador provincial Pablo Barreno, Frente de Todos, expresó su opinión en relación a la elección de autoridades en el Consejo de la Magistratura de Río Negro.
En tal sentido, expresó: Hoy vivimos una jornada en la que el sistema institucional de Río Negro registró un nuevo hito en su persistente degradación.
En el marco de una indisimulable interna política en Juntos Somos Río Negro, el exgobernador Alberto Weretilneck mostró su capacidad de operar sobre las estructuras del poder público e impuso a sus candidatos para ocupar dos asientos en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia: el viedmense Sergio Ceci y la barilochense Cecilia Criado, de indisimulables lazos políticos con el actual Senador, serán parte del STJ desde septiembre.
De esta manera Weretilneck le dejó claro a Carreras que es poco más que cartón pintado. Pero especialmente, quedó muy claro la triste caricatura en la que se está convirtiendo el sistema institucional en nuestra provincia. Para que quede claro: lo que acaba de suceder es que un dirigente político (W) eligió a dedo a dos jueces que son quienes deben, entre otras responsabilidades, contrapesar y controlar las acciones institucionales del Poder Ejecutivo y de la política en general.
¿Por qué pueden hacer esto Weretilneck y su partido? Sencillamente porque el poder judicial mantiene intacta la naturaleza monárquica en cuanto a su constitución: es el único poder del Estado en que sus funcionarios no son elegidos por el pueblo. Y lo más grave: el sistema político, al menos quienes lo conducen desde hace varias décadas en Río Negro, no ha mostrado ningún interés en revertir (al menos parcialmente) esa clandestinidad.
Por eso tienen pisoteados todos los proyectos relacionados a la democratización del Poder Judicial, entre ellos el de reforma de los Consejos de la Magistratura.
La actual conformación del Consejo consagra el decisionismo corporativo, al otorgar una representación exagerada a los colegios de abogados y, esencialmente, porque evita la participación de actores sociales que no sean parte de la corporación judicial.
Una justicia representativa, inclusiva y transparente es una condición de posibilidad para el desarrollo de sociedades sanas, justas y equitativas. Pero eso es imposible si su conformación está viciada y atravesada por un entramado de intereses corporativos y políticos que funcionan de espaldas a los rionegrinos y rionegrinas.