El Frente de Todos de Río Negro insta a la construcción de una agenda compartida entre las provincias de Neuquén y Río Negro con el gobierno central en virtud de la próxima extinción de los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas y la decisión nacional de transferir su operación a la empresa Enarsa.
En ese sentido, desde el FdT se propone la convocatoria desde el Ejecutivo rionegrino a una mesa informativa que integre además a representantes legislativos, intendentes, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para lograr un aporte conjunto de acciones a seguir para elevar al gobierno nacional, incorporando como insumo de debate las comunicaciones ya elaboradas por la Legislatura provincial que tuvieron acompañamiento del Parlamento Patagónico. Además, se solicita la convocatoria a la Comisión Legislativa Especial de Recursos Hídricos, Energético y Servicios.
“Creemos que el camino federal debiera comenzar y continuarse con la conformación de un ente plural en consideración del fin de las concesiones desde 2023 y en adelante de las represas del Comahue, El Chocón y su compensadora, Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicura, y finalmente Pichi Picún Leufú (que vence en 2029), pero también Futaleufú en Chubut; Los Nihuiles, sobre el río Atuel y los tres embalses sobre el río Diamante en Mendoza; Río Hondo y Los Quiroga en Santiago del Estero; Ullum en San Juan; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en Tucumán, y Cabra Corral y El Tunal en Salta, en años sucesivos”, afirmaron desde la bancada que preside María Eugenia Martini.
“Estamos convencidos de que la administración de las hidroeléctricas es de incumbencia directa de las provincias en cuyas jurisdicciones se encuentran los bienes públicos naturales sujetos a explotación, tal lo expresa el artículo 124 de la Constitución nacional redactada en 1994, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en sus territorios”, aseveraron.
“Proponemos un diálogo fecundo ante el Gobierno nacional respecto del dominio originario de las provincias sobre sus ríos e hidrocarburos, a la vez que requerimos al Gobierno provincial, a través de la secretaría de Energía y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas la comunicación pública fehaciente y detallada de un plan de comanejo y la administración y desarrollo de la producción energética reclamada”, indicaron.
Consideraron que “resulta imposible para los estados provinciales resolver sobre sus propios proyectos de desarrollo, disponiendo, por ejemplo, de volúmenes de energía como contraprestación para dedicarlos a iniciativas productivas; o estimar racionalmente una tarifa diferencial en beneficio de los depositarios del recurso. Siempre incorporando al diseño de nuevos acuerdos a los municipios, hasta hoy, convidados de piedra al debate”.
Río Negro y Neuquén piden ejercer con pleno derecho la facultad de aprobar decisiones que involucren el manejo del agua y los caudales de los aprovechamientos múltipropósito, en los ríos de la región, buscando optimizar los usos, el control de crecidas, su destino, el consumo humano, el riego, el uso industrial y, evidentemente, la generación de energía eléctrica.
Sin embargo, debe reconocerse que hoy se desconoce el volumen total (estimado en unos u$s 200 millones) obtenido de ventas de energía y en concepto de regalías. Tampoco hay certezas sobre las remuneraciones que las concesionarias perciben actualmente, esto es: potencia disponible mensual, energía generada, energía operada y energía generada en las horas de punta, -períodos diarios de mayor demanda- cargos todos sobre los que debería estimarse el porcentaje a recibir sobre lo facturado.
No se conoce la integridad de las obras de ingeniería que, como en el caso de El Chocón, ha alcanzado más de 50 años operativa. Con ello, no se sabe cuáles son las estimaciones técnicas de mantenimiento ni las inversiones requeridas a mediano y largo plazo.
Al plantearse un nuevo escenario con la extinción de los contratos de concesión otorgados surge la oportunidad de remediar la enajenación de carácter centralista que primó hasta la reforma constitucional de 1994.
“Ratificamos que Río Negro no puede resultar separada de las decisiones técnicas y políticas ni de los compromisos que a descuido de sus intereses se asuman sobre bienes públicos naturales de cuya guarda es constitucionalmente responsable”, concluyeron.