La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto solicitando informes al Ejecutivo por el anuncio del cierre de los Centros de Referencia (CDR), dependientes del Ministerio de Capital Humano.
Los Centros de Referencia (CDR) se crearon en 2006 como espacios locales de gestión descentralizada del anterior Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los mismos tienen el objetivo de acercar las políticas públicas y promover derechos sociales en todas las provincias argentinas. Existen 56 centros integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.
Sostuvo: “Debemos tener en cuenta que la presencia de delegaciones territoriales es una herramienta indispensable para que el Estado Nacional conozca en detalle las heterogéneas realidades y problemáticas que existen en cada rincón del país; y en base a ello, pueda diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas situadas”.
“La decisión de su cierre atenta contra el federalismo. Concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la única ventanilla de acceso de la población para realizar trámites, cómo por ejemplo el Certificado Único de Discapacidad, el Monotributo Social, o los medicamentos biomédicos que entregaba la DADSE, la cual actualmente también se encuentra paralizada”, argumentó.
Indicó: “La falta de designación de autoridades y responsables en la mayoría de las áreas del Ministerio de Capital Humano, y por lo tanto, la ausencia de coordinación de la política social en el país, es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional. A los trabajadores y trabajadoras no se les asignan tareas, para luego responsabilizarlos de los resultados y justificar los despidos masivos”.
“El Ejecutivo está incumpliendo sus promesas de campaña, cuando aseguró que el Ministerio de Capital Humano era el único que iba a tener “la billetera abierta”, para contener el empeoramiento de las condiciones de vida que ya anticipaba su plan económico. Pero este tipo de medidas, más el incremento de la pobreza al 57% por la licuación de los ingresos, exhibe que el ajuste recae sobre los sectores más desprotegidos”, concluyó.