Bariloche. Los legisladores Marcelo Mango, Mario Sabbatella, Luis Albrieu, Alejandro Ramos Mejía y Jorge Vallazza, quienes se encuentran en Bariloche para acompañar a la familia de Lucas Muñoz y requerir información respecto de la investigación llevada adelante por su desaparición, acompañamos a sus familiares en los reclamos de justicia y de esclarecimiento de lo sucedido hasta aquí, con la posible intervención de miembros de la Policía de Río Negro en tan lamentable hecho.
Todo lo que sucede en materia de seguridad en Río Negro, y en especial lo que pasa con la Policía, es responsabilidad política del gobernador quien es el Jefe de la fuerza y no puede permanecer como un espectador o comentarista de lo que acontece. Cuando no se sanciona o castiga las prácticas corruptas o ilegales, estamos condenados como sociedad a reiterarlas.
Lo cierto es que hoy, la Policía se encuentra sin conducción política, en estado de anarquía, con algunos de sus miembros actuando fuera de la ley y fuera del Estado de Derecho, producto de la inacción y/o ineptitud del gobernador Weretilneck y sus Ministros.-
En este sentido, reclamamos al Sr. Gobernador la renuncia del Ministro de Seguridad y Justicia Dr. Gastón Pérez Estevan y de toda la cúpula policial, y requerimos a quienes están a cargo de la investigación judicial el apartamiento de la Policía de Río Negro en la investigación que se lleva adelante por la desaparición de Lucas Muñoz.
A su vez exigimos al Gobernador: el descabezamiento de todos aquellos integrantes de la fuerza de seguridad que participen en la llamada “mafia policial” denunciada por el mismo Weretilneck. Asimismo, proponemos que se lleve una sesión legislativa con carácter de urgente para debatir y sancionar una nueva ley orgánica de la Policía que democratice su funcionamiento; la creación de la Policía de Investigaciones Judicial tal cual dispone la Constitución; y la sanción de una norma que establezca la necesidad que el Jefe de la Policía sea designado por la Legislatura a partir de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo; la declaración de emergencia en materia de seguridad.