El bloque del Frente de Todos propuso declarar la emergencia del sector pasivo de la Policía de Río Negro, comprendido por los retirados y pensionados de la fuerza. Además, impulsa la creación de una Comisión Especial que elabore en un plazo no mayor a ciento ochenta días un informe circunstanciado respecto al funcionamiento del sistema previsional detallando pormenorizadamente las falencias que pudieran registrarse en el mismo.
La iniciativa se basa en los reclamos que lleva adelante ese sector desde hace años en virtud de la pérdida salarial que, según estimaron sus integrantes, desde 2018 ascendería al 67 por ciento. Además, aseguran que existirían jubilaciones y pensiones por debajo del 50 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
De acuerdo al documento descriptivo de la problemática emitido por los retirados y pensionados policiales el conflicto es mucho más profundo y comprende desde la falta de respuestas oportunas, claras y precisas al inicio del trámite para la obtención del beneficio, hasta el abandono por parte del Estado Rionegrino en cuanto a la confección de una pauta salarial que los incluya.
Los representantes del sector denunciaron que se violaron “derechos esenciales consagrados en Tratados y Convenciones Internacionales, Constituciones Nacional y Provincial de protección a los adultos mayores, en aspectos claves como sus derechos y protección social, discriminados en la atención y abandonados, dejados a la buena de un sistema administrativo burocrático y perverso, poniéndolos en estado de vulnerabilidad y exclusión en: salud, seguridad económica, bienestar social”.
También detallaron que “los inconvenientes comienzan con la falta de digitalización, informatización y migración del historial previsional. Los procesos de certificación de aportes jubilatorios son manuales que luego requieren una verificación “in situ” por parte de inspectores de la ANSES. A diferencia de otros sectores cuyo historial previsional (aportes) es compartido y está disponible en el Organismo Nacional”.
En crisis
Los legisladores del Frente de Todos consideraron que la estructura organizativa del sistema que nuclea a los pasivos policiales se encuentra en crisis, su funcionamiento no es eficiente y no permite una contención adecuada.
“El sector policial, y en especial los retirados y pensionados de la fuerza, han sido postergados durante años por los gobiernos de turno, tornando insostenible esta realidad que hoy en día deben afrontar. Máxime, cuando el contexto social y económico se ve severamente agravado por la crisis mundial desatada a partir de la pandemia del COVID-19”, expresan los fundamentos del proyecto presentado.
La iniciativa busca hacerse eco del mencionado reclamo y mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentran los pasivos desde el punto de vista administrativo y organizacional, sin dejar de lado una recomposición del haber que perciben.
“Es momento de un sinceramiento para con el sector, a partir del cual se advierta el estado crítico en el que se encuentra y se establezcan canales administrativos para la recuperación y fortalecimiento del mismo”, manifiesta la iniciativa.
La situación requiere no sólo de la declaración de emergencia del sector pasivo de la Policía sino también de la conformación de una Comisión Especial para la evaluación del estado actual del sistema en el plano económico, administrativo y legal, elevando una serie de propuestas para la mejora de condiciones de los beneficiarios. Ese órgano tendrá a su cargo la tarea de lograr una equiparación en los haberes de los retirados y pensionados, en relación al personal activo de la fuerza y deberá garantizar la participación de miembros activos y pasivos de la fuerza policial, para lograr objetivos comunes, canalizando y dando tratamiento oportuno a las necesidades que el sector presente.