Las diputadas nacionales Graciela Landriscini y Ayelén Espósito, y el diputado nacional Martín Soria, “repudian la persecución sufrida por el legislador provincial y secretario General de SITRAJUR Circunscripción 1, Pablo Barreno”.
Los representantes rionegrinos del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación sostuvieron que “esta nueva utilización política del Poder Judicial para acallar a la oposición constituye un nuevo capítulo del “lawfare” que desde hace años se instaló en nuestro país y en nuestra provincia.
Barreno, en su carácter de legislador provincial y de representante sindical, se presentó el 18 de mayo pasado en Tribunales para verificar las condiciones sanitarias del edificio. Lo hizo después que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, quienes lo eligieron como su representante gremial, fueran convocados a trabajar presencialmente.
«Lejos de ser un delito»
Los legisladores sostuvieron que “lejos de ser un delito, se trató del ejercicio de un derecho constitucional, reconocido también por el Decreto Presidencial 297/2020, que en su artículo 6º expresa con claridad quiénes son las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre ellas se encuentran autoridades, trabajadores y trabajadoras del sector público provincial”.
“Pero los representantes del Poder Judicial decidieron, una vez más, actuar al margen de la ley. La denuncia realizada por la titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, y la imputación de la fiscal Maricel Viotti, no tienen ningún sustento jurídico. Su única explicación es la intencionalidad política de disciplinar a un dirigente opositor. La criminalización de la actividad sindical y política no afecta solamente a Barreno, sino también a cada trabajador, trabajadora y organización sindical de nuestra provincia”, esgrimieron.
“Este avance judicial contó con el apoyo político de la Gobernadora Arabela Carreras –agregaron-, quien avaló públicamente la decisión de la fiscal. Esto constituye una clara intromisión del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, afectando así el estado de Derecho y la división de poderes”.
Landriscini, Spósito y Soria agregaron que “esto no es novedoso. La Gobernadora sigue replicando, desde el comienzo de su mandato, la misma metodología que utilizó el ex presidente Mauricio Macri, quien colonizó parte del Poder Judicial y lo utilizó para perseguir y encarcelar a dirigentes opositores. Tal como hacía Cambiemos, Juntos Somos Río Negro decidió condenar a Barreno desde Casa de Gobierno”.
“Pero en 2019 el pueblo decidió en las urnas ponerle punto final al lawfare y, en palabras del presidente Alberto Fernández, decirle ‘Nunca Más a la Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno’. Desde nuestro lugar de diputados y diputadas, trabajamos y trabajaremos porque esto se convierta en una realidad efectiva en nuestro país y en nuestra provincia”, explicaron.
Finalmente, los parlamentarios del FdT, exhortaron “a las autoridades judiciales y a la Gobernadora a dejar sin efecto esta inaceptable persecución política. Es tiempo de recuperar el Estado de Derecho en nuestro país, y Río Negro no puede ser la excepción. Aquí también decimos: “Nunca más al lawfare”.