El Bloque de Legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó un proyecto de Comunicación dirigido a los representantes rionegrinos en el Congreso de la Nación enfatizando la necesidad de rechazar el artículo 274 del proyecto de Ley Bases presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa propone derogar la ley 27.705, que establece una moratoria previsional, y tal acción traería aparejado graves perjuicios para la población jubilada y por jubilarse de la provincia.
La ley 27.705 ha sido fundamental para permitir que aproximadamente 392.000 personas, mayoritariamente mujeres, puedan acceder a la jubilación. Además, se estima que otras 734.000 personas podrán hacerlo al finalizar su vigencia en 2025. De ser derogada esta legislación, aquellos que no cuenten con los 30 años de aportes establecidos por ley podrían perder la posibilidad de jubilarse, viéndose obligados a optar por una pensión no contributiva.
En este marco, uno de los autores de la iniciativa, el Legislador Leandro García, explicó que “en Río Negro, el impacto potencial de la ley 27.705 alcanza a 9740 personas que cumplen la edad jubilatoria entre mayo de 2023 y mayo de 2025”, y agregó que, hasta la fecha, más de 3972 personas ya han iniciado el proceso jubilatorio y 3187 están percibiendo sus beneficios. “Es relevante destacar que más del 80% de las mujeres jubiladas en la provincia lo hicieron gracias a distintas moratorias previsionales”, expresó.
García consideró que la derogación de esta ley también afectaría desproporcionadamente a las mujeres, “quienes enfrentan altas tasas de desocupación e informalidad en el mercado laboral”. Además, muchas de ellas se desempeñan en trabajos no reconocidos históricamente, como el trabajo doméstico y de cuidado, lo que dificultaría aún más su acceso a la jubilación. Por otra parte, de aprobarse esta nueva Ley, las mujeres deberían esperar cinco años más para acceder a una pensión.
El gobierno provincial ha expresado su preocupación por estos efectos negativos, señalando que el proyecto del Ejecutivo Nacional apunta injustamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, se insta con este proyecto a los representantes nacionales a rechazar cualquier intento de derogación de esta legislación que protege los derechos jubilatorios de los habitantes de Río Negro.