Viedma. Los bloques de concejales del Frente Progresista, UCR y FPV sumaron sus voces al masivo repudio que está cosechando el decreto Presidencial N° 820/16 mediante el cual se flexibilizan los controles para la venta de propiedades rurales a extranjeros. El proyecto de comunicación será tratado en el recinto en la sesión del día martes 5 de julio.
La Ley 26.737, denominada Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, establece límites a la titularidad de tierras rurales por extranjeros en el territorio de la República Argentina.
Esta Ley fue sancionada en el año 2011 y es la que ahora se pretende modificar por medio de un decreto. Esta situación resulta ya de por sí grave desde el punto de vista jurídico institucional, pero se profundiza al analizar el contenido del citado decreto y los artículos puntuales que pretende modificar: se amplía del 25% al 51% la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país, se modifica el límite de 1000 hectáreas que un extranjero podía adquirir, se quitan restricciones para las tierras que se encuentren en zona Parque Industrial, se elimina el control que estaba a cargo de la UIF y la AFIP y se facilita la compra de extensiones de tierra con espejos de agua, entre otras situaciones.
En la Patagonia no se necesita más que nombrar dos apellidos de grandes magnates (Lewis – Benneton) para ratificar la gravedad de lo dispuesto en el decreto. En particular el caso de Lewis resulta por demás llamativo, ya que se trata de un terrateniente que ofició de anfitrión de Mauricio Macri en una de sus licencias a poco de asumir la presidencia de la Nación.
“Creemos necesario que el Concejo Deliberante de Viedma se expida manifestando su repudio a esta entrega de nuestros recursos naturales que afecta de manera muy particular a nuestra región debido al interés que despierta en los grandes magnates extranjeros poseer una porción de la Patagonia para su disfrute personal. Quieren cubrir esta entrega de soberanía con la excusa que la Ley frena el ingreso de capitales extranjeros cuando los datos muestran que no es así, ya que desde su sanción se otorgó el permiso al 90% de los casos solicitados para quienes cumplieran con los requisitos y buscaran tierra para producción. Es claro que se trata de favorecer maniobras inmobiliarias hasta hoy vedadas” finalizó la edil Evelyn Rousiot, autora del proyecto de comunicación que se tratará en la próxima sesión.