Los Concejales de Viedma Evelyn Rousiot, Vanessa Cacho, Natalia Macri, Luciano Ruiz y Pedro Bichara expresaron un contundente rechazo al Decreto 70/2023, recientemente publicado en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional.
Este pronunciamiento encuentra su fundamento en la preocupación generada en el Concejo Deliberante de Viedma tras analizar detenidamente el contenido de la norma conocida el miércoles por la noche. En ella se detecta un intento de asumir competencias legislativas reservadas al Congreso, lo cual se considera una clara violación de la Constitución Nacional.
Un proyecto de comunicación de ambos bloques resultante de esta postura será elevado al Congreso de la Nación, con el propósito de instar a los Diputados y Senadores de la Provincia de Río Negro a rechazar el decreto por considerarlo no solo inconstitucional, sino también como un atentado a las instituciones democráticas de Argentina.
Entre las principales preocupaciones manifestadas por los concejales se encuentra la amenaza a los derechos laborales conquistados a lo largo de los años. Aspectos como la estabilidad laboral, el derecho a la huelga, la jornada laboral de 8 horas y el derecho a no ser despedido injustamente se ven notoriamente comprometidos.
Asimismo, se resalta la inquietud sobre la soberanía de la tierra, ya que la derogación de la Ley de Tierras y la ley de fuego abre la posibilidad de transferir extensiones de tierra a manos extranjeras, poniendo en peligro la soberanía nacional, especialmente en la región patagónica.
En el ámbito de la salud, se alerta sobre los riesgos al desregular la venta de medicamentos, eliminando la necesidad de la intervención de un profesional farmacéutico, lo cual podría exponer la salud de los argentinos a intereses comerciales.
En el plano económico, la desregulación de precios de bienes y servicios se percibe como una amenaza al poder adquisitivo de los trabajadores, afectando a sectores vitales como las prepagas, la telefonía, el servicio de internet, los alimentos y los alquileres.
La derogación de la ley de alquileres, sin una normativa sustitutiva, otorga un poder desproporcionado a los propietarios, dejando al inquilino sin opciones viables. Además, la modificación o derogación de más de 300 leyes genera confusión y crea inseguridad jurídica.
Desde el Concejo Deliberante de Viedma, se sostiene que el Decreto 70/2023 es inconstitucional, contraviniendo el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias que comprometan la vida, honor o fortunas de los argentinos.
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