En acompañamiento al reclamo del gremio Empleado de Comercio por el no pago de salario completo a trabajadores de Hipertehuelche, CGT Zona Atlántica volvió a reclamar la conformación de un Comité de Crisis para evitar hechos similares en otros sectores.
La conformación del Comité de Crisis, aseguraron, permitirá prevenir casos de coronavirus en el ámbito del trabajo, sobre todo ante la flexibilización que propone el Gobierno Nacional.
Medidas de fuerza
Desde la conducción de CGT Z.A. se expresó preocupación por el silencio del Gobierno Provincial al pedido de conformación del Comité de Crisis, aunque se reconoció que la Provincia está al tanto del conflicto en Hipertehuelche.
Desde el gremio Empleados de Comercio, en tanto, iniciaron medidas de fuerza en reclamo del pago total de salarios.
Además, señalaron que la patronal está desconociendo el Decreto Presidencial 329/2020.
Si bien desde la patronal habían asegurado que el jueves pagaban los salarios, al no haber cumplimiento se anunció la continuidad de medidas de fuerza, que consiste en retención de servicios.
Comité de Crisis
Desde CGT Zona Atlántica sostuvieron que “todavía no tenemos respuesta y nos preocupa muchísimo el silencio del gobierno provincial, más allá de que notificó a la empresa en el conflicto de Empleados de Comercio”.
“Vemos con profunda preocupación el avasallamiento de los derechos de los Trabajadores, cada Sindicato está tomando las medidas que se deben” afirmaron desde la central obrera y añadieron que “aún estamos esperando el llamado de los gobiernos, de la Provincia y de la Municipalidad de Viedma”.
Finalmente señalaron que “la claudicación de las conquistas obtenidas no es una alternativa posible”.
Decreto
El decreto 329/2020, dictado en el marco de la emergencia económica y como medida complementaria a las otras que está adoptando el Gobierno en el marco de la cuarentena total que rige para enfrentar la pandemia de coronavirus, apunta en los considerandos que, en ese contexto, «resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de no poder prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos previamente pactados».