Caso Ojeda Iud: un fallo que dista mucho de imparcialidad

La concejal de la Unión Cívica Radical Genoveva Molinari, insistió con el pedido de renuncia del legislador Javier Iud, y separación del cargo del intendente de San Antonio Luis Ojeda, después que la Justicia no aceptara la formulación de cargos en su contra, en un fallo que dista mucho de imparcialidad.

Renuncia

Molinari, junto a sus pares Mariana Arragui y Paola Casadei, habían presentado un proyecto de comunicación a la Legislatura, para que solicite la renuncia del legislador Javier Iud, imputado en un hecho de corrupción de  menores, a fin de  resguardar y asegurar la ética  en el  ejercicio de los poderes públicos.

También solicitaron mediante la misma comunicación, un pronunciamiento público del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, sobre la imputación realizada al intendente Luis Ojeda, y su inmediata separación del cargo mientras se sustancie el debido proceso judicial.

En la jornada de este viernes, la jueza de Garantías Itziar Soly desestimó las pruebas  contra ambos funcionarios políticos y rechazó la formulación de cargos.

Sin embargo, aceptó con las mismas pruebas las acusaciones contra otros imputados, que lejos están  del calor del poder.

«La postura de la jueza Soly es claramente distinta entre imputados: acepta cargos contra dos de ellos con idénticas pruebas que las imputadas al legislador Iud y al intendente Ojeda, pero a ellos le desestima los cargos; por ello vamos a insistir con nuestro pedido, de que se aparten de los cargos para que la Justicia pueda actuar sin intervenciones de ningún tipo», sostuvo la edil.

“Consideramos que estos hechos que involucran a funcionarios elegidos directamente por el pueblo, deben ser apartados del cargo público, hasta tanto se proceda con la investigación, para no entorpecer el proceso judicial en curso”, remarcó Molinari.

Casos similares

La concejal recordó que mediante una comunicación aprobada por unanimidad en general y particular por parte de todos los bloques que integran el parlamento local, se solicitó en marzo del año pasado a la Legislatura, la expulsión del legislador Héctor Rubén López.

“Ya me he expresado de la misma forma en casos de similares características que han involucrado a hombres del poder, encumbrados en cargos de jueces y legisladores, y he manifestado que la Justicia debe estar a la altura de las circunstancias, en beneficio de las menores víctimas, para que puedan recomponer sus vidas”, dijo Molinari.

Agregó: “Si quienes cometen estos delitos son los que tienen que garantizar la seguridad y la justicia, el castigo debe ser sin ningún tupo de atenuantes”.

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