“Muchos arrastran los efectos negativos de la pandemia”, dijo Nora Aurora Cader, Defensora del Pueblo de Viedma, tras participar del «Ciclo Temático para la formación de Defensorías del Pueblo de Argentina en materia de Empresas y Derechos Humanos», organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Alto Comisionado de la ONU, con el apoyo de la OCDE, ADC y REDESCA.
Indicó que «si no se va a escuchar a la gente, las audiencias públicas terminan siendo un mero formalismo” y señaló que “es vital que además de usar la calculadora, las autoridades nacionales escuchen qué es lo que dicen las usuarias y usuarios, muchos de los cuales arrastran los efectos negativos de la pandemia y de un contexto inflacionario permanente».
Además reclamó el mantenimiento de la tarifa social y que “no se recorten indiscriminadamente los subsidios”, y aseveró que “avanzar en aumentos generalizados o en la quita total de los subsidios, atentaría contra los derechos humanos de los sectores bajos y medios de contar con servicios básicos como son el gas y la electricidad.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo precisó que el encuentro fue la continuación de la mesa de trabajo acordada en 2021 por la DPN y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) para fortalecer el rol de las defensorías del pueblo de Argentina en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales.
Entre los participantes estuvieron responsables y personal de defensorías nacionales, provinciales y municipales de todo el país y en el encuentro se acordó un cronograma de trabajo para la redacción de lo que será el Protocolo Marco para la Actuación (PRNU) en la mencionada materia, que se concretará con diferentes encuentros virtuales y presenciales a concretarse de aquí a finales de año.
En esa sintonía, Cader valoró la convocatoria y consideró que «es una forma de dotar de herramientas y articular el trabajo de todas las defensorías del pueblo, como instituciones claves en la promoción de conductas empresariales responsables, siendo estas un puente entre las empresas, el Estado y las y los ciudadanos».
En referencia a las audiencias públicas convocadas por el gobierno nacional consideró que son para avanzar en «ajustes en las tarifas» de gas y electricidad, y reclamó que el gobierno contemple la situación económica que atraviesa el país y que observe especialmente el caso de la región patagónica en el que las temperaturas obligan a las familias y usuarios en general a hacer un mayor uso tanto del gas como de la electricidad.
Además coincidió con la postura de varios expositores e instituciones que consideraron escaso el plazo de 5 minutos que se brindó a cada expositor para participar de la audiencia pública y expresarse en contra o a favor del incremento delineado por el gobierno.