Tres de los integrantes del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) votaron en contra del proyecto de ley que propone la prórroga por diez años de los contratos de concesiones hidrocarburíferas. La legisladora Ana Marks expresó en el recinto su firme oposición y la de sus pares Daniel Belloso y Leandro García, argumentando la ausencia de una política energética clara y la falta de participación en el proceso.
Marks destacó: «No nos oponemos a la renegociación ni a la continuidad de las explotaciones, sino que cuestionamos la delegación de facultades de renegociación a la Secretaría de Energía y los márgenes de negociación tributaria futura al Gobernador, sin un marco temporal definido. «No hay una línea clara sobre la política energética hacia donde el Gobierno Provincial quiere ir», señaló Marks, enfatizando la falta de información y la exclusión de diversas voces en el proyecto.
La legisladora también criticó el reciente contexto de desregulación y pérdida de soberanía energética, mencionando la adhesión al Régimen de Inversión y Gestión de Infraestructura (RIGI) como un ejemplo de entrega de soberanía y desventaja para las pequeñas y medianas empresas locales. «Acaban de consolidar 30 años de entrega, nos condenan a tribunales internacionales y perdemos soberanía sobre los recursos y tributaria», afirmó.
En relación al proyecto de prórroga, Marks subrayó que el Estado Provincial va a negociar desde una posición de extrema debilidad, sin una planificación estratégica clara ni una política de estado definida, resignando la posibilidad de obtener mayores regalías. «Lo que más escuchamos en las comisiones fue que nuestros pozos no rinden, no sirven, no producen», expresó.
La parlamentaria también cuestionó la falta de información sobre los compromisos de remediación ambiental y la precisión de las inversiones y actividades futuras. Además, criticó la ausencia de facultades asignadas por ley a la nueva comisión de seguimiento de los acuerdos de renegociación de
concesiones hidrocarburíferas, lo que considera, limita la capacidad de control en el proceso.
Finalmente, Marks reiteró su rechazó, y el de sus pares Belloso y García, a la delegación de facultades tributarias al Ejecutivo Provincial sin un plazo definido, destacando la falta de datos claros en la gestión de los recursos en los últimos diez años. «La información, como los recursos, son del pueblo de Río Negro, no del Departamento Ejecutivo», concluyó la legisladora.