El proyecto de ley presentado por el legislador viedmense con el acompañamiento de su bancada impulsa crear un programa para garantizar el acceso a la tierra, los servicios y formalizar la tenencia de la tierra.
El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, con el acompañamiento de todo su bloque propuso la creación del Programa Provincial de Integración Socio Urbana de Barrios Populares para garantizar el acceso a la red de agua, gas, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de esos loteos informales.
Al mismo tiempo, en el proyecto de ley impulsa declarar de interés provincial al Renabap, creado mediante decreto nacional en 2017 con el objetivo de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
A través de esa norma el Gobierno Nacional se comprometió a implementar, en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales, un proceso de integración urbana y regularización dominial de dichos asentamientos, a fin de que quienes viven en ellos accedan a una vida digna en el marco del cumplimiento de sus derechos humanos.
Desde la creación del Registro, las organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Cáritas y Techo, fueron las encargadas del proceso del relevamiento, que reúne información sobre los 4.416 barrios populares que hay en nuestro país y sus habitantes.
Cabe aclarar, que un barrio popular reúne al menos a ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos, como lo son la red de agua corriente, la red de energía eléctrica con medidor domiciliario o la red cloacal.
Decreto nacional
A través del Decreto Nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quedó facultada para entregar Certificados de Vivienda Familiar, los cuales permiten acreditar la existencia y veracidad del domicilio, solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o Laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
En Río Negro existen diferentes asentamientos en varias ciudades, como por ejemplo, 40 en Cipolletti, que comprenden 6 mil personas; 14 en General Roca con 5 mil personas; 12 en Bariloche con 6 mil personas; 9 en Viedma con registros que superan largamente las más de 6 mil personas y 2 en Villa Regina con 3 mil personas. “Estos datos evidencian el grave problema que enfrentamos”, manifestó Barreno.
Este año, el Gobierno Nacional impulsó el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Este Programa tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos para la formulación, elaboración e implementación de proyectos de integración sociourbana para los barrios inscritos en el RENABAP y la ejecución de proyectos de obras tempranas.
Integración
Según el proyecto de Barreno, el Ministerio de Gobierno de Rio Negro deberá desarrollar el Programa Provincial de Integración de Barrios Populares y realizar los acuerdos necesarios, con los gobiernos municipales, a fin de coordinar la concreción de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares identificados por el Renabap, procurando la incorporación de sus iniciativas y experiencias previas.
Los bienes inmuebles de propiedad del Estado, ya sea provincial y/o municipal, en los que se asientan no pueden ser transferidos a terceros y deben ser conservados en vista de su futura transferencia a las familias ocupantes en el marco legal que oportunamente se defina.
También podrá realizar los convenios necesarios con las empresas u organismos prestadores de servicios públicos, a fin de que el Certificado de Vivienda Familiar, sea considerado un documento válido para solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas. Las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana en un veinticinco por ciento como mínimo, serán adjudicadas a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.
En la misma norma, el bloque FdT propone crear el Consejo Provincial de Integración Sociourbana y Regulación Dominial, integrado por un representante del Ministerio de Gobierno, otro de Desarrollo Social, tres de la Legislatura y tres de las Organizaciones vinculadas al Renabap. Este cuerpo formulará sugerencias y recomendaciones para dar seguimiento a la aplicación de la presente ley. Además, brindará asesoramiento para optimizar el empleo de recursos humanos, económicos y tecnológicos de los distintos organismos e instituciones vinculados a actividades relacionadas a la regularización dominial, privilegiando los recursos locales.
“Este conjunto de acciones tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento y buscan ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”, concluyó Barreno.