El Ministerio Público Fiscal presentó el sustento probatorio, junto a los hechos y la calificación legal con la que llevará a juicio a un hombre y una mujer de 26 años por el delito de estafa reiterada.
Los hechos son 11 en total, donde la maniobra de la pareja habría sido similar en todos los casos, es decir “aparentando ser dueños de una constructora denominada In.TEC como también de un corralón y ferretería llamada Terrasur, sabiendo que no iban a dar cumplimiento a la obligación asumida de entregar materiales previamente adquiridos y pagados, que tampoco iban a devolver el dinero recibido, ante la inexistencia de un local comercial debidamente habilitado y efectivamente insolvente, defraudaron a los denunciantes. Esto les provocó a las víctimas un perjuicio por el pago de los montos abonados en efectivo y/o mediante transferencias bancarias”, describió el representante del Ministerio Público Fiscal.
Serán llamados a declarar quienes realizaron la denuncia, también empleados policiales que confeccionaron los informes solicitados por la fiscalía, personal de la Municipalidad de General Roca, como también de AFIP de esta ciudad.
Así mismo prestará testimonio el Director de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) del Ministerio Público, personal de Inspección de Personería Jurídica de la Provincia de Río Negro, como prueba documental estarán las causas por falta de habilitación municipal y sentencia de rebeldía y clausura confeccionadas por el Juzgado de Faltas de la municipalidad de Roca. Además las actas del Departamento de Inspección General y Actividades económicas.
El defensor público penal que asiste a ambos imputados solicitó en la audiencia que se concrete la aplicación de suspensión de juicio a prueba, cuestión que el Ministerio Público Fiscal se opuso.
De esta manera, sólo resta que la Oficina Judicial fije fecha para la realización del debate oral y público concretado por un Tribunal colegiado, ya que la pretensión punitiva provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal superará los 3 años de prisión.