La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue recibida por la titular de la Secretaría de Función Pública, Tania Lastra, horas antes de la reunión paritaria que se realizará en Viedma. Durante el encuentro, el sindicato enfatizó que no tolerará recorte de salarios, derechos laborales ni despidos, y remarcó que “todos los estatales desempeñan servicios esenciales cualquiera sea su tipo de contratación”.
En esa línea, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE dijo que “mantuvimos un primer encuentro con la responsable de la Función Pública», y señaló que “nuestro planteo fue claro”, y agregó que “ATE va a oponerse a cualquier proceso de recorte que se quiera llevar adelante sobre los trabajadores y las prestaciones públicas”.
Indicó que “no es posible un Estado eficiente sin trabajadores con salarios dignos, estabilidad y convenio colectivo de trabajo”, y puntualizó que “para ATE, el Gobierno tiene la disponibilidad financiera para cancelar de manera íntegra los aguinaldos, pero busca construir un escenario de crisis. Un escenario ficticio para generar un clima que les permita aplicar un ajuste severo sobre los salarios del sector público».
Vicente además exigió la renovación de los contratos de los trabajadores provinciales en esa condición, y subrayó que “también vamos a rechazar cualquier despido, ya que los trabajadores de todas las aéreas del Estado rionegrino desempeñan roles esenciales que se han convertido en derechos para la comunidad”.
En relación al anuncio del pago desdoblado del aguinaldo, señaló que es una mala señal. Aseveró que “como fuerza de gobierno Juntos Somos Rio Negro nunca tuvo antecedentes que afecten derechos”, y agregó que “estaremos atentos a verificar si se trata de una tendencia que se consolida o a un hecho aislado”.
Asimismo, el secretario general de ATE se refirió al encuentro paritario, en esa sintonía reafirmó que “aspiramos a encontrar una propuesta que permita compensar el daño grave que implicó la remarcación de precios en la previa a la asunción presidencial y la posterior devaluación que aniquiló el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público”.