El colectivo de acción jurídica, social y cultural Adalquí presentó en la sede del Poder Judicial Federal con asiento en Viedma, una denuncia contra los responsables de la detención de trabajadores y allanamientos ilegales a mineros en lo que era Hipasam.
Los delitos de lesa humanidad denunciados fueron cometidos en 1975 y, principalmente, contra los trabajadores de esta empresa que se encontraban en huelga.
La denuncia fue presentada conjuntamente por Marcel Bertolesi y el Colectivo de acción jurídica, social y cultural Adalquí.
La denuncia
Según se informó desde el colectivo de acción jurídica, los hechos fueron entre los meses de octubre y noviembre de 1975, que tuvo lugar una conocida huelga de trabajadores y trabajadoras de la empresa minera Hipasam, en reclamo de aumento de salarios, mejores condiciones laborales, una ambulancia para la mina, entre otras reivindicaciones.
Esta huelga finalizó en noviembre del mismo año cuando un grupo comando integrado por diferentes Fuerzas Armadas y de seguridad, en el marco del naciente y genocida gobierno de facto, llevó a cabo una fuerte represión a los más de trescientos trabajadores y trabajadoras de Hipasam, arrestando ilegalmente a los delegados sindicales y a todos aquellos considerados organizadores del movimiento «subversivo», además de allanar también ilegalmente sus domicilios. Esta empresa ya no existe como tal, pero al momento de los hechos el Estado poseía parte del capital de la misma.
Al cumplirse 43 años de aquella violenta represión militar/dictatorial, desde el colectivo jurídico se expresó que “los autores de la represión, detenciones y allanamientos ilegales, continúan impunes, pese a la publicidad de los delitos señalados y de tratarse los mismos de delitos de lesa humanidad. Por ello, es que se presentará la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Viedma para la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivo de la huelga de trabajadoras y trabajadores de la empresa Hipasam”.
Los hechos denunciados “son de una extrema gravedad, por ser una de las de mayor afectación en cuanto a la cantidad de víctimas en la provincia de Río Negro, y por tratarse de una operación que ya antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, anticipaba el modus operandi de la entente cívico eclesiástico militar en la región”.