El Ministerio de Educación preadjudicó el 25 de febrero pasado, mediante la Licitación Pública Nº 45/21, los servicios de la firma “Los Hermanos”, de Carlos Galaz, para cumplimentar el tramo del transporte correspondiente a la Escuela Especial 12 de Roca.
El 17 de marzo, el bloque del Frente de Todos se hizo eco de los reclamos de los padres por el “deplorable” servicio prestado y elevó un pedido de informes que fue respondido el 11 de mayo por la Secretaría de Transporte en el que se detallan los vehículos pertenecientes a “Los Hermanos”.
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Sin embargo, en abril, se inició otro expediente para la Contratación Directa de otra firma, identificada “Laura Raquel Blatner”, con el mismo objeto, aduciendo que había quedado desierto en la licitación Nº 45/21, aunque en realidad había sido preadjudicado a “Los Hermanos”, propiedad de Galaz.
En el sitio oficial de Río Negro Compras, obra el expediente Nº 88528-EDU-2022 de Contratación Directa por el Servicio de Transporte Escolar para alumnos de la Escuela Especial Nº12 de General Roca, con un proyecto resolución en el que se justifica “que mediante expediente Nº 22816-EDU-21 se tramitó la Licitación Pública en la cual fue declarado desierto el servicio que nos ocupa”.
Ante esta situación el FdT presentó este jueves un nuevo pedido de informes para que se detalle el estado actual de ambos expedientes. También se requiere que se mencione qué vehículos actualmente prestan el servicio de transporte escolar en la Escuela Especial Nº12, indicando marcas, modelos y kilometraje de los mismos; y quién es el o la transportista autorizado a prestar dicho servicio.
En igual sentido se pregunta cuántas contrataciones directas se han realizado en Roca durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en relación al transporte escolar, explicando las razones de la elección de dichas modalidades de contratación.
“Este tipo de situaciones, tanto los reclamos de los padres como las dudas sobre las contrataciones del transporte escolar no son nuevas en Río Negro y venimos alertando sobre ellas desde el anterior gobierno que conducía el actual senador, Alberto Weretilneck, por lo que requerimos que se nos informe con claridad sobre este tema, no solamente a nosotros como representantes de la ciudadanía sino a las comunidades educativas que son las que lo sufren”, sostuvo el legislador José Luis Berros.
Por su parte, su par Ignacio Casamiquela opinó que «los padres y madres están en todo su derecho de contar con información fehaciente sobre el transporte que a diario traslada a sus hijos e hijas. Tener información sobre el chofer autorizado, sobre el estado de dichos vehículos y si se encuentran legalmente en regla es lo que cualquier padre o madre exigiría». Agregó que “como legisladores requerimos que se nos ponga en conocimiento sobre el procedimiento de licitación de un transporte privado contratado por el gobierno provincial».
El bloque FdT expresó su acompañamiento al reclamo de los padres y madres de niños y niñas que utilizan el servicio en Roca debido a las deficiencias evidenciadas y se consultó sobre las medidas tomadas al respecto.
San Carlos de Bariloche
Cabe recordar que la semana pasada un pedido de informes del bloque del Frente de Todos con datos precisos sobre la adjudicación de viajes escolares en Bariloche por 64 millones de pesos al hijo de una funcionaria originó que el Ministerio de Educación debiera admitir irregularidades en el área y oficializar la separación de quienes se encontraban a cargo de esas tramitaciones.
Tras el reconocimiento público del hecho por parte del Gobierno el bloque legislativo resolvió avanzar con la búsqueda y el cotejo de datos en localidades donde la prestación es deficiente o donde los expedientes muestran anomalías que merecen respuestas aclaratorias por parte de las autoridades de la cartera educativa.
En este sentido, ante la inminente asunción de un nuevo ministro -que según se anuncia designará a su propio equipo- el bloque enfatizó la necesidad de que los nuevos funcionarios depositen la mirada en cómo se concretaron esas operaciones, que garanticen la publicidad y transparencia de sus actos y reclamen a sus antecesores que den cuenta plena de sus acciones en relación a ésta y otras temáticas en el ámbito educativo.