Finalizó el debate oral y público contra un hombre por dos hechos de presunta estafa mediante el uso de documentos falsificados, en la que dos personas resultaron damnificadas con la entrega de 25.000 pesos.
Según el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría simulado tener vínculos con una escribana para gestionar la cesión de derechos sobre un inmueble, utilizando documentación falsa y sellos apócrifos con el objetivo de obtener un rédito económico. La acusación sostuvo que actuó valiéndose de la confianza de una de las víctimas y simulando un poder de gestión ante la profesional del notariado, entregando en dos oportunidades diferentes esa documentación apócrifa.
Durante el debate se destacó que la escribana cuya identidad fue utilizada no participó en los hechos y que fue quien radicó la denuncia tras recibir un reclamo vinculado con los documentos falsificados. La fiscalía presentó un conjunto de pruebas que incluían testimonios, pericias caligráficas y telefónicas, que corroboraron la falsedad de los documentos y la intervención directa del imputado en el engaño que llevó a la entrega de los 25.000 pesos.
En los alegatos de clausura, la fiscalía señaló que el imputado “aprovechó la confianza de con una de las víctimas, simuló gestiones notariales inexistentes y utilizó documentos apócrifos como medio para defraudar, generando un perjuicio económico claro”. Se explicó que una de las víctimas había depositado su confianza en el imputado por un vínculo de amistad y en razón de su supuesta influencia ante la escribana, lo que permitió que el engaño pareciera auténtico.
La fiscalía destacó que los documentos presentados por el imputado contenían firmas y sellos falsos y que la cadena de custodia de los celulares secuestrados permitió vincular las comunicaciones y acciones del imputado con la maniobra defraudatoria. Entre las pruebas destacadas se incluyeron los testimonios de la escribana, de las víctimas y de peritos que confirmaron, de manera objetiva, la falsedad de los documentos y los intercambios telefónicos.
Asimismo sostuvo que “la conducta del imputado demuestra con claridad la intención de defraudar y la utilización consciente de documentos falsificados para obtener un beneficio ilegítimo”, concluyendo que todos los requisitos objetivos y subjetivos de los delitos de estafa y uso de documentos falsificados en concurso ideal se encuentran plenamente acreditados.
Por su parte, la Defensa Pública Penal sostuvo que la conducta atribuida al imputado únicamente fue posible debido a la intervención de otra persona involucrada, que indujo a error a la víctima respecto de la supuesta gestión notarial.
Según la defensa, esta conducta independiente de la víctima principal rompió el nexo causal entre el imputado y el perjuicio patrimonial, y cuestionó la validez de ciertos elementos probatorios presentados por la fiscalía. Por ello, afirmó que no se configuraron los delitos de estafa ni de uso de documento falso en concurso ideal.
El otro defensor penal presentó su alegato cuestionando la legalidad y constitucionalidad del procedimiento, señalando irregularidades en la obtención de pruebas y la falta de un perjuicio patrimonial directo. Indicó que “se está tratando de encarcelar a un ser humano en un procedimiento absolutamente ilegal, antijurídico e inconstitucional”.
El imputado no brindó declaración alguna luego de las alegaciones finales. El tribunal indicó que dará a conocer en los próximos días el veredicto resultante de este debate, en el plazo legal establecido.