Se realizó la audiencia de cesura de pena luego de que el Tribunal de Impugnación, el pasado 10 de septiembre, hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y condenó al imputado por los delitos de “robo agravado por el uso de arma y en despoblado en concurso ideal en calidad de co-autor”, según los Artículos 45, 54, 166 inc. 2 y 167 inc. 1 del Código Penal.
La representante fiscal solicitó la pena de 6 años y 8 meses de prisión, mientras que el defensor particular pidió el mínimo legal.
En sus alegatos, el Ministerio Público Fiscal expresó que “estamos frente a un delito doloso, que sucedió en un lugar despoblado, que se utilizó un arma blanca y que fue cometido contra una persona mayor de edad”.
“La magnitud del daño en la víctima quedó reflejado en la declaración que hizo hoy su hijo, conectado por Zoom desde Chile. Explicó que su padre era encargado del campo, que vivía de su trabajo, que levantaba cosas, que andaba a caballo. Que luego del hecho perdió todas esas posibilidades y que ello le ocasionó no poder trabajar más, que tras quince años de vivir solo ya no pudo hacerlo más, ahora lo hace con otro de sus hijos. Perdió independencia funcional y económica”, subrayó la fiscal del caso.
“Se suma que otro de los testigos de hoy explicó que los empleados no volvieron más al campo, que durante una semana nadie regresó al lugar, que muchos se fueron por el hecho ocurrido. La conmoción reinó en el espacio de trabajo, se cambiaron rutinas laborales, a partir de ello se tomaron otras medidas de segurar. Explícitamente el testigo dijo ´tenemos miedo´”, agregó el equipo fiscal.
“Para esta cesura, debemos tener presente la naturaleza de la acción en consideración del despoblado, la gravedad del ilícito, que quedó probado que el imputado viajó aproximadamente cien kilómetros para perpetrar el hecho, y lo hizo para intentar lograr impunidad”, dijo el Ministerio Público Fiscal.
“Los autores se movilizaron en un auto para llegar al campo, un lugar que claramente estaba aislado de auxilio inmediato, llegaron con pasamontañas y con precintos para atar a la víctima, sabían lo que estaban haciendo”, continuó la fiscalía.
“En relación al imputado, no cuenta con antecedentes penales, estuvo a derecho con pulsera electrónica durante todo el proceso. Pese a que se lo demuestra como una persona tranquila, su accionar y sumado a que fue reconocido por la víctima, más la actitud violenta al cometer el hecho requiere para esta parte una pena de 6 años y 8 meses de prisión”, concluyó la fiscal.
El defensor particular del imputado explicó que al momento de valorar el monto de la pena para el delito que se le está reprochando se merece el mínimo establecido.
La fiscalía solicitó que se revise el tiempo de la medida cautelar, cuestión que continuará hasta que el Tribunal de Impugnación de a conocer su sentencia, por ello seguirá con pulsera electrónica.
El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su resolución en los plazos establecidos.
El hecho juzgado
El caso ocurrió entre el día 8 de julio a las 23:30 horas aproximadamente y el 9 de julio del año 2023 a las 00:30. El imputado y dos personas más, aún no identificadas, ingresaron a la vivienda que ocupaba la víctima ubicada en el campo establecimiento rural denominado «La Costa» con ingreso en Ruta Provincial 53 de la localidad de General Conesa.
Allí sustrajeron la suma aproximada de un millón de pesos en efectivo y prendas de vestir todo
de propiedad de la víctima. Para ello redujeron al mencionado, mediante forcejeos golpes de puño, picana y la utilización de arma blanca, ocasionándole múltiples traumatismos en el cuerpo y dos heridas punzocortantes”