Según el Ministerio Público Fiscal, un hombre de 38 años que fue detenido el pasado martes fue quien “coordinó y suministró un Fiat Uno negro y una motocicleta para que otras tres personas que aún no fueron identificadas sustrajeran la suma de 3 millones 500 mil pesos” que constituían la recaudación de estaciones de servicio.
En la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves se dispuso la prisión preventiva del imputado.
Sustento probatorio
La Fiscal Paula Rodríguez Frandsen detalló que cuenta con diversos elementos que componen el sustento probatorio y le permiten sostener la acusación por su participación necesaria en el delito de robo en poblado y en banda.
Entre ellos mencionó el acta de procedimiento policial y la declaración testimonial brindada por dos personas que observaron la dinámica del hecho y pudieron relatar cómo huían en una moto otras personas.
Tanto el siniestro vial que permitió perpetrar el robo, como el trayecto que realizaron en la zona pudo reconstruirse a partir del análisis de tres cámaras de seguridad privada dispuestas en el lugar.
“Contamos también con informes de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro que originaron los distintos allanamientos, en uno de ellos efectuado en una vivienda ubicada sobre la calle Saavedra, en el que se secuestró una moto negra y más de 400 mil pesos en distintos fajos de dinero”, explicó Rodríguez Frandsen.
“Además, los informes de la UADME -ya que el hombre tiene una tobillera electrónica colocada en el marco de una medida cautelar en otra causa- lo ubica en una chatarrería en donde fue visto días antes el automóvil utilizado en el hecho”.
A dicho sustento, agregó un teléfono celular que fue secuestrado en una requisa a un vehículo que, tal como informa la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, el mismo día del hecho fue llevado a un negocio de reparación de celulares para que sea borrado todo su contenido.
La Fiscal requirió en la oportunidad la prisión preventiva ya que dicho celular debe ser objeto de pericias más puntuales y hay otras tres personas que aún se encuentran prófugas. Resta también intentar recuperar la mayor parte de la suma sustraida por lo que la libertad del hombre puede entorpecer la investigación.
El abogado Armando Salazar se opuso a la medida cautelar argumentando que no hay elementos que sostengan la misma. No obstante la Jueza Itziar Soly no sólo tuvo por formulados los cargos y determinó la extensión de la investigación por los próximos cuatro meses sino además dispuso la prisión preventiva del hombre, en principio, por los próximos 60 días.