Como Legisladoras de Rio Negro, residentes y representantes de las ciudades de Jacobacci y San Antonio Oeste, habiendo tomado conocimiento del beneficio otorgado por la jueza de Ejecución Penal de la ciudad de Bariloche Sandra Ragusa, autorizando el arresto domiciliario al preso Pedro Andrés Gatica con condena firme de Prisión Perpetua como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía de una niña de 5 años que era su nieta, cometido el 5 de mayo de 2009.
Y habiendo constatado que el imputado por el hecho aberrante, se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en la ciudad de San Antonio Oeste, desde el dìa 16 de marzo antes que se forme el Comité Especial para el abordaje del COVID-19 para personas privadas de la libertad, que se cerrara el ingreso a la ciudad y lo que es màs grave sin haber sido notificadas las víctimas. Habiéndose enterado por terceros del beneficio del preso que solo cumplió con 10 año de prisión, no solo renueva el dolor de la tragedia vivida por la familia, sino que se ha violado la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Ley 27372 en su artículo 12°: “Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a: d) Prisión domiciliaria”
Queremos expresar, como lo hicieramos con la mamà de la niña, con la que comprometimos nuestro acompañamiento en esta triste instancia legal, que velaremos para que se respeten sus derechos, los cuales nuevamente se ven avasallados y que tomaremos las decisiones que correspondan en el Consejo de la Magistratura, el ámbito constitucional en el cual se observa el comportamiento de los jueces.
Este aberrante hecho hoy nos compromete a ambas ciudades, una donde se perpetrò el asesinato de una niña, que nunca tendría que haber sucedido, y la ciudad en donde se decidio por orden de la jueza el arresto domiciliario.