El legislador Pablo Barreno realizó un presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas luego de recibir respuestas a su pedido de informe “evasivas, ambiguas y sospechosas” por parte de la ministra Reynoso.
El legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno, radicó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que determine si existieron transgresiones normativas o existencia de perjuicio al erario público provincial por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria en referencia a la aplicación del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados.
En ese sentido indicó que existen irregularidades en la administración y ejecución del programa, especialmente una presunta falta de fiscalización respecto al cumplimiento de los proyectos por los que se suscriben convenios en ese marco.
Considerando la falta de publicidad por parte del Poder Ejecutivo respecto a la implementación del programa, los montos recaudados por el fondo, el destino de los mismos y la efectiva fiscalización y control respecto al cumplimiento de los convenios suscriptos con los beneficiarios, Barreno remitió a fines del año pasado el Pedido de Informes N° 574/2022 al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria donde requirió, entre otras cuestiones, que se informe quiénes han conformado la Comisión de Administración del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, quiénes han conformado la Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios, cuáles han sido las políticas llevadas a cabo por dicha Unidad, cantidad de personas beneficiarias del Fondo Solidario, los subsidios otorgados a proyectos socioproductivos y el monto recaudado y ejecutado.
“La respuesta que brindó el Estado provincial, a través de su ministra de Desarrollo y Articulación Solidaria, Natalia Reynoso, fue sorpresiva e insuficiente y nos genera innumerables dudas respecto a la existencia, ejecución, destino y control del destino de los fondos que efectivamente se recaudaron con la implementación del fondo”, sostuvo Barreno.
“Resulta llamativo el claro retaceo de información por parte de las autoridades”, indicó el parlamentario justicialista y además agregó que “de la respuesta surge un dato de extrema gravedad: que la Unidad de Comercialización y Gestión de Negocios no ha sido creada desde la sanción de la Ley D 4035 a la actualidad. Es decir, han transcurrido dieciséis años desde la sanción de la norma y no se completó la creación de esta unidad que es de vital importancia para esta ley”.
“El Ministerio con su respuesta está admitiendo que el fondo tiene permanentes ingresos que son destinados a beneficiarios pero, por la falta de conformación de la Unidad, no se cumple con ninguna de las obligaciones impuestas en el art. 7 de la Ley D 4035 desde la creación del mismo hace 16 años”, destacó.
Manifestó que “existiría una compra por parte del Estado y una posterior entrega a los beneficiarios, o una transferencia de fondos hacia los beneficiarios para que estos adquieran los mismos, pero sin la celebración de un contrato de comodato o la inscripción a nombre del Estado, siendo los beneficiarios quienes se quedarían con la propiedad exclusiva de los bienes de capital, sin que pese sobre estos la obligación de restituirlos al Estado”.
En la respuesta sólo se informa que se financió en 2021 a 275 proyectos de “microemprendimientos productivos y servicios”, distribuidos en 24 municipios y 3 comisiones de Fomento. La asistencia llegó a $20.914.374 pesos. En relación al 2022, el informe de Desarrollo Humano indica que “se dispuso un aumento del 30% por el aumento de las variables inflacionarias”. Entre marzo y septiembre, Desarrollo Humano financió 179 proyectos, repartidos en 21 localidades y sumando 17.182.899 pesos.
“Esta respuesta contiene serias inconsistencias y alarmantes afirmaciones, pues no sólo retacea información pública, sino que sólo enuncia la supuesta cantidad de proyectos según la localidad y montos que no cuentan con ningún respaldo, lo que vuelve a reconocer que existirían innumerables proyectos y personas beneficiadas sin ningún tipo de control ni fiscalización”, manifestó Barreno.
Por ello, pidió a la Fiscalía que realice una pormenorizada auditoría de todos esos supuestos proyectos, comunicando al Tribunal de Cuentas para que determine si efectivamente se cumplieron esos proyectos, recabe los convenios suscriptos, beneficiarios, instrumentos fiscales sobre los que se acreditó la compra de bienes de capital para el desarrollo de los proyectos y toda la información necesaria para investigar la probable comisión de delitos.
“Es necesario dilucidar el ingreso y destino de los fondos, así como el efectivo cumplimiento con la finalidad para la que han sido otorgados, de otro modo se estaría convalidando todas las irregularidades admitidas por la propia ministra”, concluyó. Además, recomendó que en caso de que se determine la posible existencia de delito se dé intervención al Ministerio Público Fiscal.
Antecedentes
Barreno recordó que el 26 de octubre de 2004 el legislador Adrián Torres, acompañado por sus pares Jorge Raúl Pascual y Alfredo Omar Lassalle, ingresó un proyecto que tuvo como objetivo crear un “Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados destinado a financia el otorgamiento de asistencia económica, social y de capacitación para los habitantes de la Provincia de Río Negro que, teniendo preferentemente carga de familia, no cuenten con un puesto de trabajo remunerado y desarrollen proyectos productivos bajo esquemas de microemprendimientos asociativos, individuales, familiares y/o solidarios.
También promueve el desarrollo de programas de fortalecimiento y transformación de los emprendimientos financiados por el fondo en los términos del inciso precedente.
Luego de un año de tratamiento compuesto por diferentes modificaciones, que se le fueron incorporando a medida que pasaba por las diferentes comisiones, el proyecto fue sancionado el día 13 de diciembre de 2005 a través de la Ley D 4035 y promulgado el 30 de diciembre de ese mismo año por medio del Decreto N° 1957. El 31 de marzo de 2022 la norma fue consolidada quedando con el nombre Ley D 4035.
El Fondo se integra “por el aporte obligatorio de los agentes públicos en actividad que, a su vez, se encuentren percibiendo beneficios previsionales o de retiro, bajo cualquier sistema previsional de que se trate, exceptuados los que sólo perciban beneficio de pensión”.
El aporte obligatorio al Fondo se calcula sobre el monto bruto correspondiente al menor haber excluyendo las asignaciones familiares, los descuentos de ley, impuestos nacionales y provinciales, reconocimiento de alquiler y todo otro concepto no remunerativo y se descontará de las remuneraciones que perciba del Estado como activo.