La CGT Zona Atlántica acompaño a los referentes del Frente Gremial de Pesca en el encuentro que este martes mantuvieron con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.
En la oportunidad, desde CGT y gremios se explicó al mandatario provincial la preocupación que nace de la situación actual de la pesca, y en particular de la nueva ley para el sector.
El FGP está conformado por los gremios Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, SOMU –Sindicato de Obreros Marítimos Unidos- y SICONARA –Sindicato de Conductores Navales República Argentina-.
Reunión
Tras un ameno encuentro, el Gobernador recibió el escrito presentado por los gremios y acordó dar una respuesta en un plazo máximo de 72 horas.
Entre otras cuestiones el movimiento obrero dejó en claro que “hace un tiempo existe un desmanejo del recuso” y que es “de fundamental valor realizar estudios serios de la biomasa, antes de otorgar permiso a un barco, cualquiera sea la empresa encargada de la explotación”.
Asimismo se pidió “tener en cuenta que al momento de entregar un permiso de pesca a cualquier barco, el requisito fundamental debe ser que la mano de obra sea para la provincia y que sólo en caso de no haber personal disponible se podrá trabajar con personal de otro lugar”.
Por otra parte, se denunció que hay “empresarios inescrupulosos que utilizan normas municipales –Ordenanza 623/14 y 0003/14, para disfrazar la estafa al fisco provincial”
Otro de los reclamos presentados fue la necesidad de “invertir de manera urgente dinero del fondos pesquero para el balizamiento del canal, dado que significa un riesgo latente para la navegación.
Además, plantearon que “se debería realizar los trabajos necesarios en el muelle para garantizar la integridad física de las personas que allí trabajan”.
Espera
Sobre la reunión, el dirigente sindical Patricio Calfuquir – SOMU-, expresó que “la reunión fue buena, nos quedamos con muchas expectativas y a la espera de una respuesta por parte del gobernador –Alberto Weretilneck- en 48 o 72 horas”.
Además, remarcó que “estamos en estado de alerta” y que “antes de llegar a un conflicto pedimos que se abordaran estas cuestiones. Para nosotros es fundamental cuidar del recurso”.