El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el tercer instructor imputado por el homicidio culposo de Gabriel Mandagaray. También se le endilgó la coautoría de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de Funcionario Público. El hombre era uno de los encargados de impartir los ejercicios físicos en el marco de las jornadas de entrenamiento del COER efectuadas en Bahía Creek el 15 de abril pasado.
El 2 de Noviembre pasado habían asistido a una audiencia similar los dos instructores restantes, el coordinador de dichas tareas y dos responsables del área de Capacitación de la Policía de Río Negro.
La Fiscalía, con la adhesión de la querella que estuvo en la audiencia junto a los padres del joven, lo acusa de haber sido quien (junto con los otros tres hombres) llevó adelante “verdaderas conductas deshumanizantes”, entre los días 12 y 15 de abril de este año en el marco de “un curso de entrenamiento básico del COER, en un lugar y en condiciones que no eran las aprobadas por la Resolución correspondiente del Jefe de Policía de Río Negro omitiendo el cumplimiento de la misma”.
El mismo comenzó a 40 Km de Bahía Creek donde los instructores y el coordinador hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta dicha playa en la que acamparon hasta el día siguiente.
Excesos
En ese tiempo los sometieron a un “excesivo desgaste físico y psicológico, desproporcionado con el curso que se desarrollaba, que generó en ellos heridas en pies y manos y complicaciones psicológicas, todo en un contexto de escasa alimentación e hidratación; sin suficiente descanso diurno y nocturno, sin controles y/o asistencia médica en el lugar, sin medios de comunicación adecuados, sin ambulancia o equipos de primeros auxilios adecuados, y obligándolos a soportar prácticas humillantes tales como orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada, en plena oscuridad y sin ninguna medidas de seguridad y completamente desnudos para hacerlos caminar durante la noche en esas condiciones”.
Inobservaron así leyes y reglamentos que los rigen, como la Resolución 2748, la Ley Orgánica de la Policía, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el artículo 16 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
El segundo de los hechos imputados está fechado el 15 de Abril, entre las 15 y las 18 horas cuando, en el marco de un entrenamiento y ante la presencia del coordinador que no manifestó objeciones, los instructores hicieron ingresar al mar – hasta una distancia donde no hacían pie – a Mandagaray junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluido los borceguíes, todas las armas reglamentarias sin chalecos salvavidas y/o torpedos, sin lanchas de apoyo, sin la previsión y asistencia de guardavidas y sin el control de personal de Prefectura Naval y/o cualquier otra medida de seguridad, y en el contexto de desgaste y cansancio físico y psicológico en el que se encontraban los cursantes producto de las exigencias de los días anteriores.
Previamente Mandagaray había manifestado que «no sabía nadar», aviso al que no hicieron caso instándolos a ingresar llevando entre los tres un tronco de 2 metros de largo aproximadamente lo que dificultó (sumado a las condiciones climáticas y de la marea) que pudieran salir del mar a la vez que pedían ayuda. Dos de ellos pudieron ser auxiliados por sus compañeros (que se encontraban en la orilla esperando su turno), mientras que Mandagaray, no pudo salir del agua, se hundió y luego de una hora fue expulsado por el mar, sin vida, a unos 200 metros del lugar donde habían ingresado.
Con este accionar los imputados causaron la muerte de Gabriel Mandagaray como consecuencia de asfixia por sumersión.
En el marco de la exhaustiva investigación preliminar desplegada se obtuvo el informe preliminar de la autopsia, realizado por la Dra. Araseli Panetta que determina que la muerte se produjo como consecuencia de una asfixia por sumersión. El mismo se complementó con estudios histopatológicos realizados en el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Comodoro Rivadavia y estudios toxicológicos.
Testimoniales
Además se cuenta con el acta de procedimiento policial efectuada por la Comisaría de Balneario El Cóndor y documentación anexa, el resultado de los trabajos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, las 16 testimoniales tomadas el día posterior a los hechos a la totalidad de los cursantes que participan del curso, entre otras diversas entrevistas a agentes y vecinos del lugar.
Asimismo fueron secuestrados diversos elementos entre ellos un vehículo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, troncos, prendas de vestir y armas (una de ella encontrada semanas después de los hechos) que fueron peritados para obtener mayores precisiones. En esa tarea trabajó el Gabinete de Criminalística de la Policía y las áreas científicas de la Procuración General de la provincia de Río Negro.
Componen el sustento el acta de constatación de los hechos, croquis ilustrativo, historias clínicas e informes climatológicos que dan cuenta del estado de la marea en los momentos en que se produjeron los hechos. Finalmente se trabajó con los informes en donde constan las conclusiones de la reconstrucción del hecho realizada en la zona el 28 de julio pasado.
El abogado defensor del imputado no manifestó objeciones a la formulación de cargos. El Juez de Garantías Juan Martín Brussino culminó teniendo por admitida la formulación de cargos y disponiendo la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses. Además hizo lugar a medidas cautelares requeridas por la acusación de prohibición de acercamiento y contacto de los imputados para con los cursantes.
Durante los cuatro meses de investigación penal preparatoria seguirán efectuándose y culminando pericias ya iniciadas, entre ellas serán completados los estudios médicos complementarios a la autopsia requeridos por la médica forense para poder finalizar tal examen y se concluirá con la reconstrucción virtual del hecho en la que trabajan profesionales de la Procuración General.