Una empresa comercializadora de electrodomésticos deberá resarcir a un cliente de Viedma que compró un celular, contrató en la misma firma una extensión de garantía y luego no obtuvo respuestas cuando el aparato dejó de funcionar.
Además de reponer el valor del celular, la casa de electrodomésticos deberá pagar un monto extra que casi triplica el costo actual del teléfono móvil, en concepto de daños por las molestias y la atención inadecuada a sus reclamos.
El hombre compró un equipo LG Black Blue-Open y contrató una extensión de garantía por un año. A los pocos meses, el equipo se apagó y no volvió a encender, por lo que se acercó al comercio a fin de que lo reparen.
Allí le informaron que debía comunicarse con un teléfono de atención al cliente del fabricante. Finalmente lo envió por correo al servicio técnico indicado. Luego se dirigió en diversas ocasiones a Naldo Lombardi para consultar por la reparación, sin obtener respuestas satisfactorias. El teléfono nunca regresó de Bahía Blanca, donde está el centro de reparaciones.
De esta manera, el cliente hizo un reclamo a Defensa del Consumidor y finalmente inició un proceso de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma.
El fallo
La sentencia de la jueza de Paz enmarca el caso como una relación de consumo, en los términos de los artículos 42 de la Constitución Nacional y 1092 del Código Civil y Comercial. Luego, recuerda que la Ley de Defensa del Consumidor dispone que «los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias e intimidatorias».
Tras analizar la prueba, concluye que “teniendo en cuenta que las partes en esta categoría de contratos se encuentran en situaciones demasiado desiguales, esta magistratura se ve obligada a adoptar soluciones progresistas e integradoras para garantizar la justicia”.
Para cuantificar el daño se tuvo en cuenta que “la telefonía celular garantiza una conectividad que se ha vuelto necesaria en la vida de las personas, desde el servicio de mensajería y redes sociales, hasta para comprar mercadería, bienes de uso diario, contratar servicios, concretar operaciones bancarias, financieras y de consumo”.
Por la aplicación de los intereses, el costo del teléfono se triplicó. Su valor de entonces era de 7000 pesos, pero con la actualización, más los daños, la empresa deberá abonar casi 50 mil pesos.
Menor cuantía
Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de hasta 50 mil pesos de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El Poder Judicial rionegrino cuenta con 49 Juzgados de Paz extendidos en todo el territorio provincial. Son, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.
El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.