«En este momento la mayor deudora del sistema de salud es la propia obra social provincial y es el Gobernador el que tiene que garantizar que el IPROSS cancele esta millonaria deuda”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro, en referencia al reclamo que hace el gremio al Gobierno provincial para cancelar “la abultada deuda que mantiene con el sistema sanitario público rionegrino”.
Indicó además que son más de 100 millones que deben ser inyectados en los hospitales para recuperar la cantidad y calidad de los servicios y agregó que “la falta de voluntad política para pagar las prestaciones recibidas perjudica en este momento a todos los trabajadores que debieran ver engrosados sus ingresos».
Señaló que «haya pasado tanto tiempo sin que existan pagos también muestra el fracaso de quienes gestionan el FOS. Seguimos demandando un cambio en su administración».
En esa línea, ATE alertó que “la falta de pago no sólo perjudica a todos los trabajadores de la salud, sino también a los usuarios del sistema y pacientes, teniendo en consideración que una parte importante de esos millonarios recursos deben destinarse a cubrir los gastos de funcionamiento y, de esta manera, garantizar que todos los servicios puedan prestarse con normalidad”.
El sindicato calcula que el pasivo acumulado con los 37 hospitales de la provincia que brindaron prestaciones médicas a los beneficiarios que tiene la obra social supera ampliamente los 100 millones de pesos, y que deben ser abonados de manera inmediata.
Puntualizó que “según se encuentra regulado actualmente el FOS (Fondo de Obras Sociales), el 60% de lo recaudado es depositado en los nosocomios que prestaron el servicio, mientras que el 40% restante se distribuye entre los empleados” y destacó que originariamente, según la referida ley, el 20% del total de los recursos ingresados por el pago de las obras sociales al sistema correspondían al nivel central del Ministerio de Salud y que por una resolución posterior ese porcentaje fue cedido a todos los hospitales.
ATE aseveró que es el poder Ejecutivo el que debe asegurar el financiamiento de todos los hospitales y obligar a las autoridades de la obra social provincial a que abonen todas las prestaciones recibidas y que la principal función del IPROSS es organizar y administrar el seguro de salud, brindando cobertura a los 150.000 afiliados que tiene en Río Negro, “y no puede hacerlo desfinanciando al sistema de salud pública y perjudicando salarialmente a todos los trabajadores hospitalarios”.
Por último, la entidad sindical señaló que “esto muestra el fracaso de quienes continúan gestionando el FOS en la provincia y volvió a insistir en que esa administración debe pasar a manos exclusivas del Estado rionegrino”.